La tensión entre el Congreso Nacional y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) escaló este jueves luego de que autoridades legislativas exigieran al Ministerio Público actuar de oficio por la supuesta falsificación de documentos públicos, un delito contemplado y sancionado por el Código Penal hondureño.

Según denunciaron desde el Congreso Nacional, la ASJ habría incurrido en una manipulación documental con el objetivo de desacreditar la labor del Congreso, lo que consideran no solo una falta ética, sino una conducta delictiva que debe ser procesada judicialmente.

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«El Ministerio Público tiene la obligación legal de intervenir ante un delito de este tipo, aún sin que exista denuncia formal», advirtieron.

En respuesta, voceros de la ASJ rechazaron categóricamente las acusaciones y sostuvieron que su informe se basa en información pública disponible en el portal oficial del Congreso Nacional. “No se trata de un ataque político, sino de un ejercicio de veeduría ciudadana”, señalaron.

La organización aseguró que su análisis revela que el Congreso ha ejecutado más de 14 mil compras menores contraviniendo la Ley de Contratación del Estado, la normativa de compras emitida por la ONCAE en junio de 2024, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Expertos en temas jurídicos advirtieron que, si se comprueba la falsificación, el hecho podría derivar en penas de hasta ocho años de prisión, según lo estipulado en el artículo 456 del Código Penal.

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Sin embargo, también alertaron sobre el riesgo de que se utilicen estas acusaciones como mecanismo de intimidación hacia organizaciones que ejercen contraloría social.