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Registro Civil prefiere no especular sobre plazo de aplicación para derechos LGTBI

El Registro Civil es el ente encargado de certificar la identidad de las personas en Costa rica y por lo tanto, en cuestiones como nombres, uniones civiles y matrimonios, son la institución a la que se debe atender.

Es por ello que la opinión consultiva presentada este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que se obliga a nuestro país igualar los derechos de los parejas del mismo sexo a las heterosexuales y a respetar el cambio de nombre de personas trans, le atañe sobre todo a esta entidad.

Pero como explica Gustavo Román, asesor de Gestión Política Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por ahora en el Registro se encuentran a la espera de instrucciones de Casa Presidencial, por lo que desconocen los procedimientos necesarios para hacer los cambios y el tiempo que tardarán en aplicarlos.

 ¿Qué harán en el Registro si llegan personas trans a cambiarse el nombre o parejas gays a inscribir su matrimonio? 

Se le recibirían sus documentos como siempre se ha hecho, la valoración de esa gestión, por supuesto que se haría con base en el estudio que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene que hacer del pronunciamiento de la Corte IDH, por eso es precisamente que estamos esperando esa comunicación de parte del Poder Ejecutivo, para poder entrar a conocer ese documento de la opinión consultiva, que entendemos que es extenso, es complejo; para determinar, a partir de ese estudio que hagamos, cuáles son las medidas que tenemos que adoptar como institución, para adaptar nuestros procedimientos a los dispuesto por la Corte IDH.

A parte de los casos citados, ¿en qué otras situaciones es el Registro Civil el ente implicado? 

En todo lo que se haya visto impactado por el pronunciamiento de la Corte IDH y que sea responsabilidad del Tribunal, que eso es algo que todavía se tiene que determinar. En todo lo que sea responsabilidad del TSE, vamos a tener que hacer el estudio correspondiente para ver qué medidas se tendrá que adoptar, qué cambios en nuestros protocolos o qué procedimientos hay que adoptar a la nueva situación y entonces poder tener claridad al respecto.

¿En principio será un cambio en el reglamento el Registro Civil? 

No sé, eso dependerá de ese análisis que hay que hacer del documento. Es un documento lo suficientemente extenso y complejo (145 páginas) como para que el propio Poder Ejecutivo, que es el que ha liderado esto y que ha hecho la consulta a la Corte IDH, todavía lo estudie. Don Marvin Carvajal, el director jurídico de Casa Presidencial, informaba que ellos estaban estudiando el documento para valorar a qué instituciones había que comunicarlo.

Una vez que tengamos esa notificación del Poder Ejecutivo, entraremos en ese análisis y podremos empezar a vislumbrar esos escenarios. Además, este es un momento álgido para la institución, porque estamos a poco más de dos semanas de las elecciones.

¿Podría un tercero denunciar o gestionar para que no se den las uniones o cambios de nombre?

Tenemos la obligación de recibir los documentos, las denuncias, las quejas, las solicitudes, los documentos que los ciudadanos nos presenten; nosotros tenemos la obligación de recibirlos. Luego, la valoración de esos documentos se dará conforme a derecho y ese conforme a derecho está condicionado al estudio que debemos de hacer del pronunciamiento de la Corte IDH.

¿En cuánto tiempo podrán hacerse estos cambios, podrán hacerse dentro de esta administración?

Preferiría no especular. No tenemos en este momento claridad de qué va a implicar, de quiénes serán los responsables, cómo puede hacerse, de cuándo tiene que hacerse. Es decir, todavía nada de eso está claro y entonces preferiría no especular respecto de plazos.

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