El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró que el proceso de juicio político que podría aplicarse a altos funcionarios no tiene fines políticos ni de revanchismo, sino que se ajusta estrictamente a lo que establecen la Constitución y la ley hondureña.

“Esto no es por capricho político, esto no es por revanchismo, esto no es por persecución política, esto es un tema de justicia y procedimientos legales”, enfatizó Zambrano, asegurando que el mecanismo cuenta con respaldo jurídico claro.

Zambrano explicó que la admisión de cualquier denuncia requiere mayoría calificada de 86 votos, y que los funcionarios señalados tienen derecho a presentar pruebas, descargos y comparecer ante la comisión especial que investigará su conducta.

De esta manera, se garantiza debido proceso, transparencia y derecho a la defensa en todo momento.

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¿Cómo funcionará el procedimiento?

El titular del Legislativo detalló que, una vez admitida la denuncia, el pleno del Congreso debe nombrar una comisión especial encargada de investigar la conducta del funcionario señalado.

Esta comisión citará al alto funcionario para que declare y presente pruebas, y luego presentará un informe al pleno, que votará finalmente la destitución.

“No es la comisión, no soy yo quien decide si se destituye a un alto funcionario, son los 86 votos”, recalcó Zambrano.

El proceso no implica sanciones penales, sino que evalúa la conducta del funcionario y determina si existen méritos para su separación del cargo.

“Nadie será procesado ni encarcelado; esto es para garantizar justicia y establecer precedentes legales contra quienes abusan de su cargo y de la confianza del Congreso”, añadió Zambrano, dejando claro que el mecanismo cumple con todas las garantías legales y constitucionales.

Garantías y alcance del juicio político

Zambrano destacó que los altos funcionarios tendrán derecho a comparecer ante el pleno, con un tiempo que puede variar entre minutos y hasta cuatro horas, según la ley.

Aunque aún no se han presentado denuncias formales, el proceso permitirá respetar el debido proceso, las garantías legales y el derecho a la defensa.

La intención, explicó, es proteger la institucionalidad y corregir posibles abusos de poder, no perseguir políticamente a ningún funcionario.

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