A menos de 25 días para las elecciones generales, la Red por la Equidad Democrática (REDH) emitió un comunicado en el que exige al Ministerio Público (MP) agilizar y presentar los resultados de las investigaciones relacionadas con el proceso de transporte utilizado durante las elecciones primarias.

La organización advierte que la falta de claridad en este tema genera desconfianza ciudadana y pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral.

“Hemos visto cómo el tema de transporte se ha ido complicando más y prácticamente tienen sometido el proceso electoral a esa incertidumbre”, señala la socióloga Julieta Castellanos. La Red también cuestiona la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman la logística del traslado de material electoral, calificándolo como una “injerencia desafortunada e ilegal”.

 

 

 

 

Oficialismo defiende actuación de la Fiscalía

 

Desde el Partido Libertad y Refundación (Libre), se defendió la actuación del Ministerio Público, asegurando que ha mantenido su independencia desde el inicio de funciones del fiscal general interino, Johel Zelaya.

“El Ministerio Público actúa con total independencia, está marcado así en la Constitución. No importa cuántos comunicados se hagan ni cuánta movilización popular haya en este momento”, expresó Gilberto Ríos, dirigente de Libre.

El comunicado también hace referencia a los audios filtrados en los que se menciona una supuesta conspiración vinculada al caos del pasado 9 de marzo durante las elecciones internas. En ellos, se sugiere que figuras como Rixi Moncada habrían tenido participación en los hechos que afectaron la jornada electoral.

 

 

Por la transparencia y el respeto al orden institucional en los procesos electorales,
la Red por la Equidad Democrática (REDH) alerta sobre irregularidades en la gestión del transporte electoral y exige respeto a las competencias del @CneHonduras
🧵 pic.twitter.com/I329WWsjr7

— REDH HONDURAS (@HondurasRedh) November 7, 2025

 

Justicia selectiva

 

La Red por la Equidad Democrática advierte que la falta de resultados en las investigaciones “conlleva a un sistema de impunidad, a una justicia selectiva y a una desconfianza institucional”, elementos que, según especialistas consultados, “pueden dañar gravemente no solo la democracia del país, sino también la legalidad del proceso electoral”.

Por su parte, representantes del partido Libre reiteraron su compromiso con la transparencia electoral. “Somos la fuerza partidaria más interesada en el desarrollo de un proceso electoral transparente, en el que se respete la voluntad del pueblo hondureño”, afirmaron.

Además, anunciaron una movilización nacional para el domingo, con el objetivo de exigir que se garantice un proceso limpio y que se cumpla la voluntad de las mayorías.

 

 

 

 

Analistas alertan por crisis

 

En menos de una semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido dos comunicados alertando sobre la crisis electoral en Honduras, mientras que Transparencia Internacional expresó su profunda preocupación por la creciente inestabilidad política en el país.

Estas advertencias han generado inquietud entre analistas, quienes advierten que el mundo observa con atención los riesgos que enfrenta el proceso electoral hondureño, marcado por una frágil institucionalidad en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como por la persistencia de la violencia política ejercida por algunos candidatos.

 

 

 

Debate de proceder del MP

 

Expertos coinciden en que el contexto electoral ha evolucionado rápidamente, impulsado por actores políticos que, lejos de aportar estabilidad, han contribuido al desorden y la falta de coordinación institucional.

Aunque la OEA ha cuestionado recientemente el papel del Ministerio Público (MP) en el proceso, lo que ha sido bien recibido por sectores de la oposición, otros señalan que estos pronunciamientos internacionales no abarcan la complejidad total del conflicto.

La sociedad civil espera que los actores políticos escuchen estos llamados y actúen con responsabilidad para garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.