Representantes de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de Honduras denunciaron haber recibido reportes sobre presuntos cobros de extorsión realizados desde patrullas policiales.

Según los testimonios, en algunos casos los primeros cobros se habrían efectuado directamente desde vehículos oficiales de la Policía Nacional, y posteriormente se enviaban personas particulares —incluyendo mujeres y menores— para continuar con las exigencias, con el objetivo de intimidar y disuadir a las víctimas de presentar denuncias.

El sector empresarial advierte que existirían agentes vinculados a estas prácticas ilícitas, lo que agrava la situación de un rubro que genera cerca del 70% del empleo en el país.

Autoridades rechazan presuntas denuncias

La Dirección Policial Anti Extorsión y Delitos Conexos (DAET) rechazó categóricamente los señalamientos, asegurando que mantienen control sobre su personal y que, de comprobarse la participación de algún agente en actividades ilegales, se actuaría de inmediato conforme a la ley.

“Eso es completamente falso”, declaró Daniel Molina, director de la recién creada DAET, quienes instaron a los ciudadanos a presentar denuncias formales con pruebas para deducir responsabilidades.

Organizaciones de seguridad y representantes de la sociedad civil condenaron los hechos y pidieron investigaciones rigurosas, así como procesos de depuración dentro de la Policía Nacional, para evitar que la corrupción continúe afectando a los emprendedores y a la población hondureña.

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