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Tensión y reacciones divididas marcan el inicio del juicio político contra Johel Zelaya en el Congreso Nacional

23 de marzo de 2026Judiciales, Nacionales, Titulares

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles el inicio del juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Antonio Zelaya Álvarez, con el respaldo de 93 diputados de las cuatro bancadas del hemiciclo.

La medida incluyó también la suspensión temporal de Zelaya y la delegación de sus funciones al fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.

Una comisión especial dirige el proceso

El procedimiento será liderado por una comisión investigadora de nueve diputados, presidida por Mario Pérez, con Jorge Cálix como vicepresidente y Antonio Rivera Callejas como secretario.

La comisión evaluará las causales del juicio, recibirá al denunciado y escuchará sus descargos en un plazo de 30 días hábiles, según lo establece la Ley Especial de Juicio Político.

Todo político que atente contra el voto electoral debe ser procesado. Hoy enviamos un mensaje claro al pueblo hondureño: nadie está por encima de la ley”, afirmó Arnold Burgos, diputado participante del proceso.

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Opiniones divididas entre los legisladores

Algunos congresistas celebraron la aprobación del juicio como un acto de transparencia y respeto al marco legal.

Por su parte, Ronald Panchamé, jefe de bancada de Libertad y Refundación, criticó el procedimiento y lo calificó de imposición dentro del hemiciclo, señalando que se habría realizado sin el consenso de todos los sectores.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ivis Discua, explicó que el juicio político es un instrumento constitucional para separar a altos funcionarios de la nación, incluyendo presidentes, magistrados y, en este caso, al fiscal general.

Comparecencia ante la comisión

Zelaya deberá comparecer ante la comisión en las próximas horas y tendrá hasta cuatro horas para presentar su defensa. Si no asiste, renuncia a su derecho de defensa y la audiencia se realizará en rebeldía, garantizando la transparencia del proceso.

El inicio de este juicio político marca un capítulo relevante en la política hondureña. La decisión del Congreso busca asegurar que los altos funcionarios respondan por sus acciones, mientras el país observa de cerca cada paso del procedimiento, que podría influir en la percepción pública y en la dinámica institucional de Honduras.

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