En una sesión extraordinaria, los legisladores opositores de Honduras respaldaron de manera unánime una resolución que pide a las Fuerzas Armadas apresar al presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, para que enfrente un juicio por el crimen de «traición a la patria».

La diputada liberal Maribel Espinoza expone la medida, que responsabiliza a Redondo de citar al pleno del Congreso de manera ilegal con el objetivo de quebrantar el orden constitucional y reemplazar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La reunión, llevada a cabo el 8 de enero del año 2026 y presidida por Fátima Mena en su rol de presidenta legal, se llevó a cabo en un ambiente institucional extremadamente tenso.

Los cinco puntos de la resolución aprobada

El proyecto de resolución que la diputada Maribel Espinoza presentó se compone de cinco puntos esenciales, que no solo persiguen la captura de Redondo, sino también trazan una ofensiva legal contra los diputados oficialistas y determinan responsabilidades en situaciones de violencia.

La resolución, que fue aprobada por los 74 diputados opositores autoconvocados, pasó los dos debates reglamentarios en un único trámite y se implementó de forma inmediata, mandando que fuera publicada en el periódico oficial

La Gaceta o en cualquier otro medio de comunicación con difusión a nivel nacional.

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Condena a diputados de la Comisión Permanente

El primer punto condena de manera explícita las acciones de doce diputados del gobierno: Hugo Noé Pino, Karen Martínez, Kritza Pérez, Edgardo Casaña, Scherly Arriaga, Linda Donaire, Juan Barahona, Osman Chávez, Carlos Raudales y Silvia Ayala. Se les imputa haber aceptado ser parte de una «Comisión Permanente» que no existe, teniendo conocimiento de que el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional se había extendido antes de su designación.

La resolución les advierte que, si persisten en realizar actos perjudiciales para el orden democrático, se llevarán a cabo «las acciones judiciales pertinentes».

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Orden de captura para Luis Redondo

Este es el núcleo más polémico del informe. La resolución, amparada en lo que establece el artículo 375 de la Constitución, sostiene que las acciones de la «ineficaz Comisión Permanente» designada por Redondo han puesto en grave peligro al orden constitucional.

Por lo tanto, se le instruye a una comisión especial, que fue nombrada por el pleno opositor, que pida de manera oficial y escrita a las Fuerzas Armadas de Honduras la captura del congresista Luis Rolando Redondo Guifarro, cumpliendo así con el artículo 272 de la Constitución.

El propósito final es entregarlo a la autoridad competente para que sea procesado de acuerdo con la ley por el crimen de traición a la patria.

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Responsabilidades para Johel Zelaya, Fiscal General

La resolución determina que, si el Fiscal General no coopera con las Fuerzas Armadas para preservar el orden constitucional, será responsabilidad del fiscal adjunto y, si este no está disponible, del director de fiscales.

Además, se advierte que se impulsarán las acciones legales correspondientes en su contra sin menoscabo de las responsabilidades fundamentales.

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Responsabilidad política por actos de violencia

Luis Redondo, en su calidad de presidente del Congreso Nacional, y José Manuel Zelaya Rosales, en su rol de coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), son culpables directos de los ataques ocurridos el jueves por la tarde en las afueras del Congreso Nacional.

La imputación argumenta que, «desde una entrevista», los dos llevaron a cabo «actos preparatorios» de lo ocurrido, lo cual resultó en la agresión violenta contra la diputada Gladis Aurora López.

La oposición relaciona este suceso con la «ilegalidad que busca llevar a cabo Luis Redondo» y con el llamado a los grupos de su partido, aludiendo a un episodio parecido que sucedió en 2023 contra los diputados César Rivera Callejas y Antonio Sánchez.

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Vigencia y publicación inmediata

El quinto punto determina que la resolución comenzará a aplicarse desde el día de su divulgación en el periódico oficial La Gaceta o en otro medio de comunicación con alcance nacional, ya sea por escrito, por vía electrónica o audiovisual.

Se le manda a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) que publique de inmediato, sin necesitar autorización del Poder Ejecutivo.

Se le previene también a ENAG que, si se niega a publicar la resolución, será penalmente responsable y que la comisión especial del Congreso tomará las medidas pertinentes si obstruye el ejercicio de las funciones estatales.