A menos de dos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras enfrenta una creciente incertidumbre política que ha captado la atención internacional.

Un reciente informe del Congreso de Estados Unidos advierte sobre la fragilidad institucional del país y expresa serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral, tras unas elecciones primarias marcadas por fallos logísticos y denuncias de violencia política.

“Es preocupante porque es un informe que se hace por una comisión bipartidista, o sea que es la visión de los dos grandes partidos de los Estados Unidos, donde hacen una reflexión sobre la problemática política en Honduras en materia electoral, en materia de uso de fondos del Estado para campañas políticas, en materia de corrupción e impunidad”, señala Octavio Pineda, dirigente liberal.

 Elecciones bajo estado de excepción y polarización

Los principales candidatos, Rixi Moncada, Narsy Asfura y Salvador Nasralla, compiten en un ambiente altamente polarizado, bajo un estado de excepción que restringe derechos constitucionales en más de 200 municipios.

Esta situación ha generado preocupación en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de EE.UU., que han anunciado vigilancia activa del proceso electoral.

Las tensiones con Washington se han intensificado. El gobierno del presidente Donald Trump ha recortado fondos de cooperación y se desconoce cuál sería su reacción ante un posible fraude electoral, como ocurrió en 2017 con la polémica reelección del expresidente Juan Orlando Hernández. “Los ojos de Estados Unidos, del Departamento de Estado, están sobre Honduras en este proceso electoral. Y con toda la razón”, opinó, el candidato a la alcaldía de Tegucigalpa por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

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 Riesgos económicos y sociales

El documento también advierte sobre el impacto económico de las decisiones políticas. Las remesas, que representan el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) hondureño, podrían verse afectadas por un nuevo impuesto del 1% aprobado por EE.UU., lo que impactaría directamente a millones de familias.

A esto se suma el riesgo de deportaciones masivas y la posible suspensión de ayuda a organizaciones que promueven la democracia y los derechos humanos en el país.

“No hay duda en que no están conformes con el proceso de democratización, avances que han tenido y siguen teniendo el gobierno de la compañera Sierra Castro”, señala el líder de Libre, Rafael Alegría al ofrecer sus impresiones del informe, en referencia a la presidenta Xiomara Castro.

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 Violencia, extorsión y deterioro democrático

La violencia sigue en aumento. La extorsión creció un 14% entre 2022 y 2024, a pesar del estado de excepción.

El deterioro del clima de inversión, junto con denuncias de acoso a periodistas y opositores, también preocupa a la comunidad internacionales dice el documento.

Mientras tanto la Organización de Estado Americanos (OEA) y el Congreso estadounidense, mantendrán sus miradas durante el proceso electoral.

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