Un video difundido en redes sociales ha generado un intenso debate en El Salvador luego de que un hombre condenado con antecedentes penales por agresión sexual contra menores apareciera promovido como artista en un programa gubernamental de reinserción social.

El caso tomó notoriedad tras viralizarse un clip en el que el individuo participa en el programa Plan Cero Ocio, una iniciativa que busca fomentar actividades artísticas y culturales entre personas que han estado privadas de libertad. En el material audiovisual, el hombre muestra su trabajo artístico y es presentado como ejemplo de superación.

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Sin embargo, la polémica surgió cuando usuarios recordaron que, según información judicial divulgada por la Fiscalía General de la República, el participante fue condenado por delitos de agresión sexual agravada continuada contra menores de edad.

De acuerdo con los registros del caso, el hombre recibió una condena total de 36 años de prisión por los abusos cometidos contra dos niñas, quienes tenían apenas seis y cuatro años cuando ocurrieron los hechos. Las sentencias incluyeron 20 años por una de las víctimas y 16 por la otra.

Tras la difusión del video, familiares de las niñas afectadas se pronunciaron públicamente para expresar su inconformidad por la exposición del agresor en espacios promovidos por el Estado. En declaraciones difundidas en redes sociales, señalaron que la forma en que se presenta su historia invisibiliza el impacto que los hechos dejaron en las víctimas.

Una de las familiares explicó que, aunque comprenden la importancia de los procesos de rehabilitación para las personas que han cumplido condena, consideran que el enfoque del programa omite el sufrimiento de quienes fueron afectados por el delito.

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“Se habla mucho de segundas oportunidades, pero casi nadie menciona las consecuencias que quedan en las víctimas”, expresó. Según relató, una de las niñas afectadas continúa enfrentando problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad diagnosticadas, y requiere tratamiento para poder llevar una vida estable.

La situación ha abierto un debate más amplio en redes sociales sobre los criterios utilizados para seleccionar a las personas que participan en programas públicos de reinserción social. Algunos usuarios cuestionan si existen filtros para evitar que individuos condenados por delitos graves, especialmente contra menores, sean promovidos en espacios abiertos al público.

Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones encontradas entre quienes defienden el derecho a la reinserción social y quienes sostienen que la protección de la niñez y la memoria de las víctimas deben ser una prioridad en cualquier iniciativa de este tipo.