El miércoles pasado, un juez con jurisdicción nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción procesó formalmente y envió a prisión preventiva a tres agentes activos de la Policía Nacional.

El Ministerio Público los acusó de concusión y de violar los deberes inherentes a su cargo, en un caso que generó preocupación sobre la conducta de algunos miembros dentro de la institución policial.

Las autoridades identificaron a los imputados como Dania Melissa López Montes, Cristian Omar Laínez Molina y Carlos Emilio Silva Ramírez. A este último también lo señalaron por cometer tratos crueles y degradantes en el ejercicio de sus funciones.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del martes 22 de julio en el bulevar Morazán, Tegucigalpa. En ese lugar, los tres agentes interceptaron a dos ciudadanos que salían de una discoteca y les exigieron 20,000 lempiras para no detenerlos.

Las víctimas, atemorizadas, se dirigieron a varios cajeros automáticos y lograron retirar 7,000 lempiras, suma que entregaron a los uniformados. Luego, acudieron a las instalaciones del CORE 7 para denunciar lo ocurrido.

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El juez encuentra indicios suficientes

Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez concluyó que existen elementos que vinculan a los tres policías con los hechos denunciados.

En consecuencia, ordenó su reclusión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Los agentes Laínez Molina y Silva Ramírez fueron enviados al Centro Penitenciario de Támara, mientras que López Montes fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino, ambos ubicados en el Valle de Támara.

Próxima audiencia será clave para el caso

La audiencia preliminar fue programada para el 20 de noviembre a las 9:30 de la mañana.

En esta etapa, tanto la defensa como el Ministerio Público tendrán la oportunidad de presentar nuevos argumentos y evidencias que podrían definir el rumbo del proceso.

Este caso se suma a otros que han puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las fuerzas de seguridad, con el objetivo de preservar la confianza ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales.

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