Los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción reprogramaron del 22 al 26 de septiembre el juicio oral y público contra el exjuez, Marco Antonio Vallecillo, acusado del delito de extorsión.

La audiencia estaba prevista para la próxima semana, pero la defensa técnica solicitó un cambio en las fechas, lo que fue aceptado por las autoridades judiciales.

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Caso del exjuez Marco Vallecilllo  

El caso del exjuez Marco Antonio Vallecillo Banegas ha generado amplio interés en Honduras tras las acusaciones de extorsión que enfrenta. Vallecillo, quien fue coordinador del Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, es señalado junto al abogado Nelson Omar Sierra Flores de exigir tres millones de lempiras (aproximadamente 120 mil dólares) a un testigo protegido.

A cambio, habrían ofrecido excluirlo de un proceso penal conocido como ciscoy y garantizar un cierre administrativo a través del Ministerio Público.

La captura de ambos ocurrió el 17 de agosto de 2024, cuando agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) los detuvieron en flagrancia en una gasolinera de Loarque, Tegucigalpa.

El operativo se desarrolló tras un seguimiento de 35 minutos, justo en el momento en que recibían el dinero exigido. Según los reportes, Vallecillo incluso intentó tomar medidas de seguridad, como confiscar los teléfonos del testigo protegido.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó 20 pruebas, entre ellas testimonios de dos testigos protegidos, registros telefónicos, documentos y análisis periciales. Las investigaciones señalan que los acusados usaron el nombre del Fiscal General para intimidar a la víctima, advirtiéndole sobre posibles cargos por parte de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

El intento de Vallecillo por acogerse a un procedimiento abreviado no prosperó, por lo que deberá enfrentar un juicio oral y público. El tribunal programó las audiencias entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025, en un proceso que mantiene la atención por el impacto en la credibilidad de la justicia hondureña.

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