El país atraviesa un momento de tensión política marcada por conflictos en los principales órganos electorales, incluyendo el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Congreso Nacional.

La situación ha generado preocupación entre especialistas y ciudadanos, quienes temen que estas discrepancias puedan afectar la transparencia del próximo proceso electoral.

«Tenemos un congreso que tiene ya más de tres años y medio y no ha funcionado, más se convirtió en una ventanilla de trámite del actual gobierno solo para aprobar contratos y algún tipo de préstamo», expresó el analista Germán Lobo.

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Por su parte, el Tribunal de Justicia Electoral, encargado de velar por la legalidad electoral, ha sido criticado por mostrar sesgos políticos y actuar bajo cálculos que afectan la independencia del órgano, lo que genera desconfianza sobre su capacidad de garantizar elecciones imparciales, expresan los expertos.

A esto se suman denuncias internas, como la presentada por el consejero Marlon Ochoa contra una de sus colegas, y problemas de conectividad en aproximadamente 1.700 centros de votación, que podrían retrasar la transmisión de resultados de unas 840 mesas electorales, equivalentes a unos 300.000 votos.

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Aunque esto genera preocupación, especialistas aseguran que no afectará los resultados finales, pues la capital se encargará del escrutinio y la consolidación de datos.

El escenario actual pone de relieve la necesidad de que los órganos electorales actúen con responsabilidad y ética, dejando de lado intereses políticos y cálculos estratégicos.

La ciudadanía y los partidos políticos observan de cerca cada movimiento, con la expectativa de que se garantice un proceso electoral transparente y confiable.