El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), informó sobre la ejecución de medidas de privación de dominio sobre 42 bienes vinculados a presuntas actividades ilícitas.

Los titulares de estos bienes son hijos y socios del fallecido empresario Gustavo Chinchilla, propietario de la cadena de tiendas El Bombazo, quien perdió la vida en un ataque armado en 2014 en San Pedro Sula, Cortés.

El operativo incluyó 42 allanamientos simultáneos en distintos departamentos del país, con el aseguramiento de 17 inmuebles, 12 vehículos y 13 sociedades mercantiles.

Bienes adquiridos con fondos ilícitos, según el Ministerio Público

Según el Ministerio Público hondureño, estos activos habrían sido adquiridos con fondos provenientes del tráfico de drogas. Para darles apariencia de legalidad, los implicados habrían inyectado capital en empresas y adquirido propiedades en Cortés, Copán, Comayagua e Intibucá.

Las acciones judiciales se fundamentan en denuncias anónimas interpuestas en 2018, en las que se señalaba a Leopoldo Álvarez Ayala como responsable del traslado de cargamentos de droga por puntos ciegos entre Honduras y Guatemala.

Las pesquisas también vinculan a Jerry y Gustavo Chinchilla, hijos del empresario, con operaciones de blanqueo de capitales, en sociedad con un supuesto hijo de Miguel Arnulfo Valle Valle, figura clave en estructuras criminales de la región.

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Sociedad civil respalda el operativo, pero exige transparencia judicial

Organizaciones de sociedad civil y analistas en temas de seguridad han calificado el operativo como un avance en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, también han expresado preocupación por la necesidad de garantizar la transparencia del proceso judicial y proteger a los operadores de justicia involucrados. “¿Qué está pasando con el sistema de justicia de este país?”, cuestionó la analista María Milla, quien señaló que la falta de credibilidad y la impunidad siguen siendo desafíos persistentes.

El Ministerio Público continuará con el proceso de aseguramiento y análisis financiero de los bienes intervenidos, en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos y vínculos con el narcotráfico de Gustavo Chinchilla.

Dado a este operativo, organizaciones civiles han solicitado que se garantice la transparencia en el desarrollo del proceso judicial y la protección de los operadores de justicia involucrados.

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