El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra varios exdiputados y representantes de una Organización No Gubernamental (ONG) por desviar más de 27 millones de lempiras. Estos fondos, que debían destinarse a proyectos sociales y a la lucha contra la pobreza entre 2011 y 2017, terminaron en manos equivocadas y afectaron gravemente los recursos que deberían haber mejorado la vida de los ciudadanos más vulnerables.

Los exdiputados Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas y Perla Simons Morales enfrentan acusaciones, al igual que Dalia Esmeralda Palma Sánchez, representante legal de la ONG Inclusión Honduras Internacional (OIHIN). Según el requerimiento fiscal, los implicados gestionaron los fondos de manera irregular y emitieron cheques a favor de personas y empresas que no ejecutaron los proyectos sociales.

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Los recursos debían destinarse a 17 proyectos sociales impulsados por el Congreso Nacional y la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). En lugar de usar los fondos para mejorar las condiciones de vida de miles de hondureños, los involucrados los desviaron hacia fines personales, como la compra de terrenos y vehículos.

Las auditorías realizadas detectaron alteraciones en los registros bancarios y pagos indebidos, además de los exdiputados, varios miembros de la ONG supuestamente facilitaron el desvío de los fondos para su propio beneficio.

Carlos Aguirre, portavoz de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), destacó que el supuesto fraude no solo afectó las finanzas del Estado, sino que también quebrantó la confianza pública, ya que los recursos debían haberse usado para proyectos en beneficio de los más necesitados.