En pleno feriado de Semana Santa, miembros de maras y pandillas han vuelto a ejercer presión sobre el sector transporte, duplicando las cuotas de extorsión a conductores de transporte en Honduras. Así lo denuncian dirigentes del rubro, quienes aseguran que la situación ha empeorado en los últimos días.

Algunos transportistas se vieron obligados a pagar el llamado “bono de pescado” de forma anticipada, mientras que otros enfrentaron nuevas amenazas esta misma semana.

«Es un castigo que no cesa. Cada año sufrimos lo mismo y nadie nos protege», declaró un representante del sector que pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

Aunque las autoridades insisten en que los índices de extorsión han disminuido, los afectados sostienen que el fenómeno persiste, aunque con diferentes métodos.

“Estructuras criminales que están cobrándole el famoso pescado o la famosa semana adelantada debido a que ellos van de vacaciones”, expresó Wilmer Calix, dirigente del transporte.

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Zonas más afectadas por la extorsión en Honduras

La situación es particularmente crítica en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se ha reportado un aumento en los asaltos durante esta época.

Así mismo, el dirigente del transporte agregó: «Debido a esta semana mayor también, como las unidades de transporte andan más vacías, sufrimos de más asaltos».

Operativos en marcha en Honduras

Frente a este panorama, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) puso en marcha una serie de operativos especiales en distintos puntos del país. La medida busca contener la ola de extorsiones y dar con los responsables de estos crímenes.

«Se están desarrollando operaciones en barrios y colonias y otros puntos con el objetivo de identificar a individuos que están relacionados con la comisión de esta actividad», indicó el portavoz de la Dipampco, Mario Fu.

Complicidad dentro del sector

Además de las estructuras criminales externas, líderes sociales y representantes del gremio advierten sobre una amenaza interna: algunas personas que participan en la extorsión serán parte del mismo sector transporte.

Informe ASJ sobre la extorsión

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó un informe que analiza la problemática de la extorsión en Honduras, un flagelo que afecta a toda la población. A pesar de que hace dos años la presidenta Xiomara Castro decretó una guerra contra este delito, con la implementación del Estado de Excepción.

El informe revela que, en los primeros seis meses del plan antiextorsión, solo se judicializaron 17 casos mensuales, mucho menos que los 38 previos al Estado de Excepción. Además, la tasa de victimización aumentó del 9% en 2022 al 11.1% a finales de 2023, afectando a 286,000 familias más.

En cuanto a la percepción de seguridad, el informe destaca que, en 2024, un 31.5% de las mujeres se sienten menos seguras, lo que representa un aumento significativo. Aunque los hombres también reportaron mayor inseguridad, el incremento fue más bajo.

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