Este fin de semana, el Gobierno de Guatemala declaró que «no pactará» con los líderes de la pandilla Barrio 18, quienes están a cargo de motines en tres prisiones del país. En estas cárceles, mantienen cautivos a 46 trabajadores del Sistema Penitenciario como forma de presión para volver a obtener sus privilegios.

Los disturbios se han documentado en la cárcel Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla (en el sur), además de los ocurridos en Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, que se encuentra en las afueras de la capital.

Marco Antonio Villeda, el ministro de Gobernación (Interior), declaró en una conferencia de prensa que la revuelta fue provocada por una reacción orquestada del crimen organizado frente a las últimas requisas, que tenían como objetivo recuperar el control estatal y desmantelar los «call centers» de extorsión y la entrada de actividades ilícitas.

«Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones», declaró Villeda, descartando cualquier diálogo que implique devolver beneficios a los reclusos.

¿Por qué retienen a los guardias y que es lo que exigen para liberarlos?

De acuerdo con los datos oficiales, las demandas surgen de Aldo López Ochoa, conocido como Lodo, líder del Barrio 18. Este exigía ser trasladado y contar con comodidades en su celda, incluyendo aire acondicionado, una cama King Size y la posibilidad de recibir comida de restaurantes.

En la actualidad, los prisioneros tienen como rehenes a 28 agentes en Fraijanes II, a nueve guardias en Renovación I y a otros nueve en la zona 18.

Asimismo, se informaron ataques externos con el objetivo de generar desorden, incluyendo la quema de un vehículo en la carretera hacia el Pacífico.

Retoman control

El ministro alertó acerca del próximo uso de la fuerza pública y responsabilizó a los reclusos por la integridad de los detenidos.

«Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si fuera necesario recurrir a la fuerza estatal para recuperar el control de estos centros y cumplir con esta orden, lo haremos», afirmó el funcionario.

Las autoridades, en tanto evalúan la incursión táctica para liberar al personal, han desplegado anillos de seguridad con el Ejército y la Policía Nacional Civil para prevenir fugas y salvaguardar a los ciudadanos.

Recientes designaciones a la MS-13 y Barrio 18 reforzarán trabajo conjunto entre Honduras y EE.UU.