La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público admitió una denuncia contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por presuntos delitos electorales y traición a la patria.

La acusación fue presentada por diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes argumentan que las acciones de Ochoa habrían vulnerado la legalidad del proceso electoral y comprometido la soberanía nacional. El caso se suma a un contexto de creciente vigilancia sobre posibles anomalías en el cronograma electoral.

Actualmente, el proceso judicial se encuentra en su fase preliminar, y las autoridades se enfocan en la recolección de pruebas para determinar el alcance y la veracidad de las imputaciones.

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 Reacciones y controversia

La abogada y exfiscal Nilia Ramos criticó que el Ministerio Público exigiera a los denunciantes firmar un documento en el que se les advertía que podrían enfrentar consecuencias legales si sus acusaciones resultaban falsas. Ramos calificó esta medida como inaceptable, señalando que investigar denuncias ciudadanas es una obligación constitucional de la Fiscalía.

Por su parte, el doctor Rony Portillo aseguró que existen pruebas suficientes para demostrar que el proceso electoral está siendo interrumpido de forma sistemática. “Han pospuesto totalmente el calendario electoral, lo que constituye un delito electoral según la legislación vigente”, afirmó.

Portillo también denunció la indiferencia del Ministerio Público ante las evidencias difundidas por medios de comunicación, y advirtió que las denuncias serán llevadas al plano internacional si no se actúa con prontitud.

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investigación en curso

Este lunes, fiscales de la unidad de delitos electorales se presentaron en la sede del CNE para solicitar y retirar documentación clave relacionada con las investigaciones en curso.

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