Expertos entran en contradicción si resolución del Tribunal de Justicia Electoral a favor de diputados y difieren si son apagadas a derecho
La reciente resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordena la inscripción de Jorge Cálix y otro aspirante político ha generado debate entre expertos en derecho constitucional y analistas políticos. Algunos sectores sostienen que la medida podría no ajustarse a la ley, mientras que otros afirman que el fallo está respaldado por la Constitución de la República.
El magistrado Mario Morazán habría manifestado su intención de impugnar la decisión, alegando supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, abogados constitucionalistas aseguran que tal acción sería improcedente, ya que la resolución del tribunal se ampara en la norma suprema del país, que prevalece sobre cualquier otra ley secundaria.
El derecho de elegir y ser electo no puede limitarse
El abogado Juan Carlos Barrientos, experto en derecho constitucional, explicó que la Constitución garantiza el derecho inalienable de elegir y ser electo, y que ninguna ley electoral puede restringir esa facultad. “Un ciudadano con plenos derechos civiles y políticos no puede ser excluido de participar”, enfatizó.
El TJE instruyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a inscribir de inmediato a ambos aspirantes, pese a que el ente había rechazado previamente la solicitud. Este mandato, según expertos, podría tensar nuevamente las relaciones internas en el CNE, al verse los magistrados obligados a cumplir la orden del tribunal.
Analistas advierten posibles tensiones políticas
Para el analista Kenneth Madrid, las crisis dentro del CNE podrían resurgir “por intereses políticos sectarios” que han obstaculizado su funcionamiento en el pasado. No obstante, considera que el cumplimiento del fallo es indispensable para mantener la estabilidad institucional y avanzar hacia unas elecciones transparentes.
Desde el oficialismo, sin embargo, se sostiene que la resolución del TJE carece de sustento legal y responde a motivaciones políticas. El especialista en temas electorales Héctor Soto opinó que “fue una decisión más política que jurídica” y que el debate aún está lejos de cerrarse.
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