Exdiputado enfrenta prisión preventiva por agresiones contra menor
Tegucigalpa, Francisco Morazán. — El exdiputado Hermín Urquía Reyes, quien fungió como suplente en el Congreso Nacional durante el período 2014‑2018 por el Partido Anticorrupción (PAC), fue enviado a prisión preventiva luego de que se dictara auto de formal procesamiento por presuntas agresiones en perjuicio de una menor de edad, en un caso que se investiga en el departamento de Santa Bárbara.
Urquía fue capturado el pasado 12 de enero en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa durante un operativo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y presentado ante la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP‑NIÑEZ), que lo acusa de aprovechar una relación de confianza para agredir a la menor en varias ocasiones.
Según las diligencias, en uno de los hechos la víctima fue tocada de forma inapropiada y besada, lo que la llevó a retirarse del lugar. El caso ya está en manos de un juzgado de Santa Bárbara, donde continuará el proceso penal.
Por tres delitos de otras agresiones sexuales envían a prisión a exdiputado https://t.co/jOPnY5kz8o pic.twitter.com/i1bjVpdokC
— Ministerio Público (@MP_Honduras) January 19, 2026
Contextos y cifras de vulneración infantil
La medida cautelar se toma en un contexto en el que las cifras de vulneración de derechos de la niñez en Honduras son consideradas alarmantes por autoridades y organizaciones civiles. En lo que va de 2025, más de 2,500 niños y niñas han sido víctimas de violaciones de sus derechos, incluidas denuncias de abuso sexual infantil, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Organismos como el Comité Asesor Técnico Interorganizacional sobre Abuso Sexual Infantil han alertado que, según registros recientes, hay una denuncia de abuso infantil cada cinco horas en Honduras, con altos niveles de impunidad en la mayoría de los casos.
Especialistas en derechos de la niñez señalan que estas cifras reflejan una crisis estructural que requiere acción interinstitucional urgente, desde prevención y atención integral hasta acceso a la justicia para las víctimas, así como campañas de educación y protección comunitaria que reduzcan la vulnerabilidad de menores ante situaciones de abuso.








