El presidente Donald Trump ha anunciado una polémica nueva estrategia dentro de su plataforma migratoria: permitir la revocación de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos, incluso si estos ocurrieron antes de su proceso de naturalización.

Según un memorando oficial del Departamento de Justicia (DOJ) fechado el 11 de junio y firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, la administración de Trump ha priorizado los casos de desnaturalización civil para personas involucradas en crímenes graves como violencia, fraudes financieros y violaciones a la seguridad nacional.

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Esta iniciativa representa una escalada en las políticas migratorias que ya habían generado fuertes críticas.

“La ciudadanía debe ser un privilegio otorgado a quienes cumplen con la ley y respetan nuestros valores”, afirmó un portavoz del DOJ.

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Sin derecho a abogado ni juicio penal

Una de las principales preocupaciones de expertos y organizaciones de derechos humanos es que estos procesos se realizarán en tribunales civiles, lo que significa que los acusados no tendrán acceso a abogados de oficio. Además, el estándar probatorio requerido será considerablemente menor que el de un proceso penal.

¿Una ciudadanía de segunda clase?

Organizaciones de derechos civiles advierten que esta política podría crear una categoría de ciudadanos “condicionales”, especialmente entre comunidades de inmigrantes, donde un error del pasado podría convertirse en una sentencia de por vida.

“La ciudadanía por naturalización siempre ha sido equivalente a la de nacimiento. Cambiar eso socava la igualdad ante la ley”, señala María Elena Cortés, directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes.

Esta nueva medida forma parte del endurecimiento migratorio que ha caracterizado a Trump. La desnaturalización, anteriormente reservada a casos excepcionales como crímenes de guerra o espionaje, podría volverse una herramienta de uso frecuente si esta política se implementa plenamente.