La defensa de los once implicados en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como “Chequesol”, expresó inconformidad parcial con la resolución judicial que dictó arresto domiciliario y suspensión de cargos, entre ellos el de la diputada Isis Cuéllar. Los abogados señalaron que esperaban medidas distintas, pero aseguraron que respetan la decisión del juez y adelantaron que solicitarán la revocación en la audiencia inicial programada para este viernes.

Durante declaraciones a medios de comunicación, los defensores argumentaron que el Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal “débil” y “sin individualización”, generalizando la participación de los acusados sin precisar responsabilidades. “Mis representados son funcionarios de tercera categoría y no se ha establecido de forma categórica cuál fue su participación”, señaló uno de los abogados.

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Rechazan suspensión del cargo de la diputada Isis Cuéllar

En el caso de la diputada, Isis Cuéllar, su apoderado Noel Mendoza calificó de desproporcionada la suspensión de su curul, recordando que ella es representante del pueblo y no funcionaria administrativa. “Las medidas cautelares no son permanentes, pueden modificarse o revocarse en cualquier momento. En la audiencia inicial pediremos el sobreseimiento y la revocación de las medidas impuestas”, afirmó.

El proceso judicial se desarrolla en torno a la presunta malversación de más de 6 millones de lempiras destinados a programas sociales, fondos que según la acusación habrían sido desviados en gestiones irregulares. La ciudadanía hondureña ha manifestado su indignación y exige que este caso no quede en la impunidad.

La audiencia inicial está prevista para las 9:00 a.m. del viernes 6 de febrero, donde se evacuarán pruebas tanto del Ministerio Público como de la defensa. El resultado de esta diligencia será clave para definir si se mantienen, modifican o revocan las medidas cautelares impuestas a los acusados.

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¿Qué es el caso Sedesol y quiénes son los implicados?

El caso Sedesol en Honduras es un escándalo de corrupción que involucra el desvío de más de 6 millones de lempiras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fondos que estaban destinados a programas sociales y de apoyo comunitario. La investigación reveló que estos recursos fueron manejados de manera fraudulenta mediante la emisión de cheques y contratos irregulares, en lo que se conoció como el esquema “Chequesol”.

El Ministerio Público acusó a los implicados de fraude agravado y otros delitos relacionados con el mal uso de fondos públicos, lo que generó gran indignación en la opinión pública por tratarse de dinero destinado a sectores vulnerables.

Entre los principales señalados se encuentran la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, junto con al menos diez funcionarios y particulares más. Entre ellos figuran Rosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.

Varios de los acusados enfrentan medidas cautelares como arresto domiciliario y prohibición de salida del país, mientras otros han sido capturados en operativos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC