Máximas autoridades castrenses aseguran que buscan prevenir una crisis electoral en Honduras
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, negó rotundamente haber pedido copias de actas electorales en una reunión virtual, asegurando que solo discutieron escenarios críticos.
Hernández explicó que el encuentro buscaba preparar a la institución ante riesgos como los ocurridos en Bolivia, donde disturbios terminaron en destrucción de material electoral y anulación total.
El jefe militar detalló que analizaron posibles contingencias, afirmando que «en Bolivia destruyeron material electoral y terminaron cancelando comicios», un antecedente que obliga a reforzar la planificación institucional.
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En respuesta a este escenario, generales en retiro consideran fundamental que las Fuerzas Armadas actúen con absoluto respeto democrático, advirtiendo severas consecuencias ante cualquier desviación constitucional.
El general retirado Luis Maldonado advirtió que cualquier acción indebida sería «cavar la tumba institucional» y significaría traicionar al pueblo hondureño, además de incumplir el mandato constitucional vigente.
Maldonado agregó que involucrarse en irregularidades transformaría un fraude individual en uno completamente institucional, afectando gravemente la legitimidad militar y la confianza pública en el proceso electoral.
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Hernández reafirmó su compromiso con un proceso transparente, indicando que solo aceptarán resultados provenientes de las actas oficiales del CNE, independientemente de interpretaciones preliminares o proyecciones tempranas.
Recordó que el TREP únicamente proporciona datos parciales, señalando que «lo único válido es la suma auténtica del cien por ciento de actas originales», una posición institucional firme.
Expertos en seguridad insistieron en que Hernández debe actuar con prudencia, honrar la Constitución y mantener claridad sobre los límites establecidos para la institución en materia electoral.
El capitán retirado Germán Licona advirtió que Hernández no debe olvidar su responsabilidad, evitando decisiones que distorsionen garantías que la ciudadanía espera ver resguardadas plenamente durante el proceso.
Licona expresó que Hernández «debe poner sus barbas en remojo», recordándole que pronto será civil y no debe convertirse en un factor generador de tensiones constitucionales.
La situación refleja creciente preocupación sobre el papel militar en las elecciones, especialmente en un ambiente sensible donde cada declaración influye en la percepción ciudadana de transparencia.








