La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se pronunció sobre la solicitud de nulidad de las elecciones generales y afirmó que la anulación del proceso solo es legalmente viable si existe prueba plena y determinante de fraude estructural. De lo contrario, la institución considera que esta medida sería improcedente y podría generar serias consecuencias para la democracia y la estabilidad nacional.

El comunicado, difundido el 8 de diciembre de 2025, señala que la nulidad electoral es un recurso de uso excepcional y no puede emplearse como mecanismo para revertir resultados adversos o corregir fallas administrativas.

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El fraude se debe comprobar

Según la UNAH, solo procede cuando la voluntad popular ha sido jurídicamente destruida mediante fraude comprobado.

El documento destaca que la soberanía del voto es el fundamento del sistema democrático y que ninguna autoridad puede sustituir la decisión del elector sin evidencia directa y concluyente.

Anular los comicios sin pruebas suficientes equivaldría, según el análisis, a desconocer la soberanía popular y a vulnerar la Constitución de la República.

Comunicado: La nulidad electoral sin fraude estructural probado es jurídicamente improcedente y amenaza la estabilidad democrática del país. pic.twitter.com/LEQCyb5x8r

— UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras (@UNAHoficial) December 8, 2025

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Análisis que sustenta los argumentos de nulidad

La institución también analizó los argumentos que sustentan la petición de nulidad, entre ellos las fallas del TREP, inconsistencias numéricas, ausencia de biometría, denuncias de violencia electoral y posible injerencia extranjera. Con base en la documentación revisada, la UNAH concluyó que estos señalamientos no demuestran un fraude estructural generalizado ni determinante sobre el resultado final.

El comunicado advierte que una eventual nulidad sin sustento legal podría provocar crisis de gobernabilidad, conflictividad social, desconfianza institucional, deterioro económico e inestabilidad política.

Finalmente, la universidad considera que lo adecuado es realizar auditorías y verificar irregularidades mediante mecanismos legales, antes que repetir el proceso electoral.

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