El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha hecho un llamado oficial a los exfuncionarios públicos y servidores del Estado para que cumplan con la declaración jurada de ingresos, activos y pasivos, un requisito legal obligatorio en Honduras.

Este proceso busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

De acuerdo con la normativa vigente, los funcionarios que cesaron en sus cargos durante el mes de enero, así como quienes asumen nuevas funciones, cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar su declaración jurada.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas significativas, por lo que el TSC insta a los responsables a actuar con prontitud.

Plazos y modalidades para presentar la declaración jurada

El representante del Tribunal Superior de Cuentas, Rodolfo Izaula, explicó que la Ley Orgánica del TSC, en su artículo 57, establece claramente los plazos para la presentación de la declaración por cese del cargo o por nombramiento.

Este plazo comienza a contar desde la fecha establecida en el acuerdo oficial correspondiente.

En cuanto a la modalidad, el TSC detalló que los funcionarios que asumen nuevas responsabilidades deben realizar el trámite de forma en línea, a través del sistema digital disponible en la página web institucional.

En cambio, los exfuncionarios que no cuenten con usuario habilitado pueden presentar su declaración jurada de manera presencial, facilitando así el cumplimiento del proceso.

Multas y obligaciones adicionales para servidores públicos

El TSC recordó que no presentar la declaración jurada de ingresos dentro del plazo establecido conlleva una multa de hasta 5.000 lempiras, según lo estipulado por la ley.

Esta sanción aplica a todos los servidores públicos obligados que no cumplan con la normativa.

Además, los funcionarios con salarios iguales o superiores a 40.000 lempiras, así como aquellos que administren o custodien bienes del Estado, deben actualizar su declaración jurada anualmente.

El plazo máximo para este trámite vence el 30 de abril, reforzando el compromiso del Estado con la transparencia institucional y el control del uso de los recursos públicos.

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