El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un total de 56 solicitudes después de identificar el mal uso de vehículos estatales durante el feriado reciente de Semana Santa, en días y horas no laborables y sin la autorización correspondiente.

La acción se originó de las operaciones de inspección llevadas a cabo a nivel nacional, conforme al mandato legal que concede al TSC la obligación de garantizar el uso adecuado de los bienes públicos.

Según el informe oficial, los 56 empleados o funcionarios necesarios deben presentarse en el TSC a partir del miércoles 23 de abril, para asistir a una audiencia de descargo. En dicho tribunal, deben aportar evidencias que respalden el uso oficial del vehículo asignado, como un componente de su derecho a la defensa.

Sanciones económicas

Si no proporcionan evidencias válidas que respalden el traslado oficial, los culpables podrían enfrentarse a multas que varían entre los 5,000 y 50,000 lempiras, además de la eventual instauración de expedientes de responsabilidad administrativa.

El TSC recordó que el uso de recursos del estado para propósitos personales representa una infracción directa a la legislación.

De acuerdo con las autoridades del ente contralor, estas acciones tienen como objetivo fortalecer el principio de legalidad y la utilización transparente de los bienes públicos, especialmente durante las temporadas de asueto cuando los riesgos de mal uso aumentan.

 

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Operativos

En la Semana Santa, los grupos de inspección del TSC realizaron una revisión de 379 vehículos estatales, de los cuales 56 fueron hallados en movimiento sin la autorización correspondiente.

Las medidas de control se centraron mayormente en las rutas de mayor tránsito, incluyendo las salidas más frecuentadas de San Pedro Sula y Tegucigalpa, en las que se involucraron representantes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y el personal del TSC.

Los inspectores corroboraron que las entidades estatales estuvieran correctamente ubicadas y desempeñaran tareas vinculadas a las operaciones de seguridad y las campañas de prevención de accidentes viales. Aquellos que no lograron justificar su traslado recibieron una notificación instantánea, con la advertencia de posibles penalizaciones o incluso la confiscación del vehículo.

 

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