El Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción absolvió este lunes a dos exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a tres exempleados de esa institución, acusados por los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios.

Los exmagistrados absueltos son José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez, mientras que el fallo también favoreció a los exempleados Karen Martínez, Santiago Reyes y Douglas Murillo, quienes enfrentaban proceso penal tras un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.

Exmagistrados cuestionan actuación del Ministerio Público

Tras conocerse el fallo, Ricardo Rodríguez afirmó que varios empleados del TSC fueron separados de sus cargos luego del requerimiento fiscal, aunque posteriormente acordaron su retiro voluntario por razones de honor.

Rodríguez pidió al Ministerio Público actuar con mayor prudencia y analizar de forma objetiva la realidad institucional del TSC al momento de los hechos. Además, cuestionó que se les acusara por tráfico de influencias, cuando —según sostuvo— el señalamiento inicial estaba relacionado con una supuesta destrucción de documentos.

“Solamente cumplimos la orden de revisar una auditoría que había realizado la misma Fiscalía, se ratificó y se le dio oportunidad para que procediera penalmente contra una parte”, expresó a periodistas que cubren la fuente judicial.

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“Dios hizo justicia”, afirma José Juan Pineda

Por su parte, el exmagistrado José Juan Pineda reaccionó señalando que el fallo demuestra que “Dios hizo justicia” en el caso. Lamentó que existan instituciones que —según dijo— formulen acusaciones sin pruebas suficientes, afectando la imagen personal y profesional de los imputados.

Asimismo, exhortó a los medios de comunicación a verificar la solidez de las acusaciones antes de publicar información, al considerar que las denuncias sin sustento provocan daños irreversibles.

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Origen del caso y señalamientos del MP

El proceso judicial se originó en noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas irregularidades en el departamento de auditorías del sector municipal del TSC.

Según el ente acusador, varios empleados, bajo órdenes superiores, habrían destruido u ocultado documentos relacionados con finiquitos de alcaldías. Como parte de la investigación, el MP aseguró que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) incautó informes, pliegos de responsabilidad, videos de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados que afirmaron haber sido presionados para alterar auditorías.

Con la absolución dictada por el Tribunal, el caso queda cerrado en esta instancia judicial, mientras los acusados sostienen que el fallo confirma la falta de pruebas que sustentaran los señalamientos.

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