La denuncia de un tratado internacional, como un tratado de extradición, es un procedimiento formal mediante el cual un estado expresa su decisión de cesar su participación en el acuerdo.

Por lo cual, al llevar a cabo esta acción, el país pondría fin a sus compromisos y obligaciones establecidas por el tratado.

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En el Artículo 15 de la Constitución de la República establece que «Honduras adopta los principios y prácticas del derecho internacional que fomentan la solidaridad humana, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos de otros estados, y el refuerzo de la paz y la democracia a nivel mundial».

Asimismo, el Artículo 102 reformado en el 2012, resalta que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado Extranjero, exceptuando de esta disposición los casos relacionados con delitos de Tráfico de Estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, Terrorismo y cualquier otro ilícito de Criminalidad Organizada y cuando exista Tratado o Convenio de Extradición
con el país solicitante. En ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos

Según una revisión a los procesos de los extraditados, Honduras tarda entre 3 y 4 meses en enviar a una persona, desde que se efectúa su captura hasta que queda en custodia de Estados Unidos.

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Es importante mencionar que, esta denuncia por parte de la mandataria Xiomara Castro, podría tener implicaciones significativas en las relaciones internacionales especialmente en cuestiones relacionadas con la cooperación en materia de justicia y seguridad.