El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, con una votación de 2 a 1, los requisitos técnicos y legales para adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados (TREP) de las elecciones generales. Sin embargo, la decisión generó polémica, con el consejero Marlon Ochoa denunciando que el bipartidismo ha impuesto su control en el proceso, comparando la situación con las elecciones de 2017.

Uno de los acuerdos clave establece que, antes de ser divulgadas, las actas electorales pasarán por una revisión manual. La presidenta del CNE, Cossette López, defendió la resolución, asegurando que fue una decisión colegiada que debe respetarse, y atribuyó el malestar de Ochoa a la falta de respaldo a sus propuestas dentro del Pleno.

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Denuncias por presunta manipulación

Ochoa advirtió que con esta medida se busca favorecer la contratación de la empresa Mapa Soluciones bajo prestanombres, señalando que representantes del Partido Nacional y el Partido Liberal han viajado a países de Sudamérica para gestionar su participación en la licitación.

Sin embargo, López Osorio desmintió la acusación, asegurando que el proceso será internacional, con la posibilidad de participación de empresas de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Además, señaló que fue el propio Ochoa quien propuso extender la convocatoria a embajadas latinoamericanas.

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Plazo de licitación y discrepancias internas

Según Ochoa, el modelo de contratación podría favorecer a determinados candidatos, reiterando que su postura es que las actas de cierre sean divulgadas tal como las envía la Junta Receptora de Votos, sin modificaciones por parte del CNE.

El debate interno en el organismo electoral sigue abierto, mientras el plazo para recibir ofertas de licitación vence el próximo 7 de julio.

El proceso continúa bajo la mirada atenta de sectores políticos y ciudadanos que demandan transparencia en la transmisión de resultados.

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