A pocas semanas de las elecciones generales, organizaciones de la sociedad civil en Honduras han expresado preocupación por los puntos críticos que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral.

Indican que aunque se registran algunos avances técnicos y logísticos, persisten desafíos significativos en áreas claves como el voto en el extranjero, la conectividad y la disponibilidad presupuestaria para las instituciones electorales.

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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) señaló que el cronograma electoral avanza en la contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la auditoría y la biometría. Además, se ha progresado en la elaboración del material electoral y en la coordinación con misiones de observación nacional e internacional. Sin embargo, el organismo enfatizó que estos avances no eliminan las debilidades estructurales que podrían poner en riesgo la transparencia y la participación ciudadana.

Uno de los principales focos de alerta es el voto de los hondureños en el exterior. Según el director ejecutivo del CESPAD, Gustavo Irías, existe una “brecha estructural” entre el número de ciudadanos habilitados para sufragar y la infraestructura disponible para garantizar ese derecho. Actualmente, el censo de votantes en el extranjero supera las 496,000 personas, pero solo se han habilitado 12 centros de votación con 15 juntas receptoras de votos, una cifra que Irías considera insuficiente para un proceso inclusivo.

CESPAD sobre proceso de camino a elecciones en Honduras:

#OnceNoticias🟡| A 45 días de las elecciones, sociedad civil detectan cinco puntos críticos en el desarrollo del proceso electoral.
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— Once Noticias (@11_Noticias) October 16, 2025

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Otro de los temas críticos señalados es la conectividad a internet, indispensable para la transmisión de resultados. De los más de 5,000 centros de votación, aproximadamente 1,728 —equivalentes al 30%— no cuentan con conexión, y más de 600 carecen de energía eléctrica. Esto, advirtió Irías, exige la contratación urgente de servicios satelitales y equipos de respaldo, aunque los tiempos son limitados.

Finalmente, las organizaciones civiles demandan al Estado aprobar de inmediato los fondos pendientes para la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. Sin ese respaldo presupuestario, alertan, será difícil garantizar la vigilancia y legalidad del proceso.

La sociedad civil insiste en que el tiempo apremia y que, sin una respuesta rápida a estos desafíos, la confianza ciudadana y la legitimidad de las elecciones del 30 de noviembre podrían verse comprometidas.