Las investigaciones del Ministerio Público (MP) apuntan a que un empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP), capturado recientemente durante una operación en Tegucigalpa y otros sectores contra la Pandilla 18, habría participado en la falsificación de un acta de defunción para beneficiar a un presunto cabecilla de esa estructura criminal.

Se trata de Julián Moisés Galo Maldonado, de 33 años, quien fue detenido el pasado lunes (11/05/26) en Tegucigalpa por agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), unidad adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). La captura se ejecutó mediante una orden emitida por el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

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Aunque el detenido aseguró públicamente que no pertenece a ninguna pandilla y que trabajaba en el RNP mientras desarrollaba su carrera como futbolista, las autoridades sostienen que existen indicios que lo vinculan con delitos de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir.

¿Qué se le acusa a empleado del RNP capturado en Tegucigalpa?

Según explicó Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, la investigación reveló que Galo Maldonado habría inscrito de manera irregular una falsa acta de defunción en la base de datos del RNP, omitiendo los procedimientos legales requeridos por la institución.

De acuerdo con las pesquisas, el documento correspondía a Jesús Armando Chévez Cruz, supuesto líder de la Pandilla 18 y prófugo desde 2017, tras escapar de la Penitenciaría Nacional de Támara. A este individuo se le atribuyen al menos 27 asesinatos. “La investigación determinó que se inscribió una defunción falsa de una persona que es un presunto líder de la Pandilla 18”, afirmó Galindo al detallar el caso.

Las autoridades indican que la inscripción hacía aparentar que Chévez Cruz había fallecido y sido enterrado en Choluteca. Incluso, los investigadores verificaron que el nombre figuraba en registros de control de un cementerio de esa ciudad. No obstante, las diligencias concluyeron que el entierro nunca ocurrió y que todo el procedimiento fue ficticio.

“Se hicieron todos los procedimientos para que pareciera que había sido enterrado, pero la investigación determinó que nunca existió tal sepelio”, señaló el portavoz de la ATIC.

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El caso también abrió interrogantes sobre la documentación utilizada para concretar el registro de defunción. Para realizar legalmente esa inscripción, debía existir un dictamen forense emitido por Medicina Forense, situación que ahora podría ampliar las investigaciones hacia otras dependencias. Mientras avanzan las diligencias, el Ministerio Público (MP) mantiene la tesis de que el empleado del RNP habría facilitado mecanismos para encubrir a integrantes de la estructura criminal mediante alteraciones en registros oficiales del Estado.