La disputa por la tenencia de tierras mantiene en tensión a varias zonas de Honduras, donde la confrontación ha derivado en hechos de violencia, incluyendo el asesinato de liderazgos comunitarios, según denuncias de representantes de sectores campesinos y empresariales que exigen la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de órdenes judiciales de desalojo.

Denuncian asesinatos y terror en zonas en disputa

Representantes de organizaciones afectadas denunciaron que la confrontación en distintas regiones ha provocado la muerte de líderes comunitarios, entre ellos Carla, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, en medio de disputas por predios que presuntamente buscan ser apropiados por grupos criminales.

Según las denuncias, estas estructuras generan terror y violencia para tomar control de tierras, a pesar de que existen órdenes de desalojo vigentes que, aseguran, no se han ejecutado.

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Piden a la Corte Suprema ejecutar desalojos pendientes

Ante esta situación, representantes de los afectados acudieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar que se programe una nueva fecha para ejecutar los desalojos contra los grupos señalados, con el objetivo de que “prevalezca la ley en el país”.

Aseguran que la falta de ejecución de estas órdenes ha permitido que los grupos irregulares se fortalezcan y amplíen su control territorial.

Alertan sobre despojo a campesinos legalmente organizados

Las denuncias también apuntan a qué grupos campesinos legalmente reconocidos por el Estado, dedicados a la producción y subsistencia, estarían siendo despojados de tierras de forma irregular.

Empresas que aseguran tener derechos legales sobre estos predios señalaron intentos de despojo fraudulento, lo que ha intensificado los conflictos y la inseguridad en las zonas afectadas.

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Venta irregular de tierras y posibles estafas

Otro de los señalamientos expuestos es la oferta de propiedades a precios irreales a través de redes sociales, presuntamente con la participación de intermediarios irregulares e incluso la supuesta complicidad de funcionarios estatales.

Según los denunciantes, muchas personas se enteran de que adquirieron terrenos irregulares solo después de la compra, lo que genera procesos por estafa y una cadena de conflictos legales.

Experiencias previas de diálogo redujeron la violencia

Desde sectores vinculados a administraciones anteriores, se recordó que en regiones como el Bajo Aguán se lograron avances mediante diálogo permanente entre organizaciones campesinas, sector empresarial y el Estado.

Aseguran que estas mesas de concertación permitieron reducir la presión social y los niveles de violencia, por lo que consideran que el diálogo sigue siendo una vía clave para evitar una mayor escalada del conflicto..

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