Más de 1,500 aspirantes a cargos públicos podrían enfrentar sanciones severas por no rendir cuentas sobre el origen y uso de fondos en campañas políticas. La Unidad de Política Limpia anunció que enviará los expedientes de estos candidatos a la Procuraduría General de la República, con el fin de iniciar procedimientos legales que podrían culminar en multas y embargos en Honduras.

El presidente de la Unidad, Vladimir Mendoza, confirmó que muchos de los señalados aún participan en el actual proceso electoral, a pesar de haber incumplido su obligación de presentar informes financieros sobre las elecciones primarias.

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La medida busca remitir los casos al Tribunal Superior de Cuentas para el seguimiento legal correspondiente.

Por su parte, la abogada Alba Rivera, excomisionada de la misma entidad, explicó que los sujetos obligados tienen que ser notificados y se les aplica sanciones conforme a su nivel de candidatura: cinco salarios mínimos para aspirantes a alcaldes, diez para diputados y quince para quienes buscaron la presidencia.

Rivera indicó que la legislación actual aún permite a los sancionados apelar en dos instancias: un recurso de reposición y posteriormente uno de apelación. Solo tras agotar estas vías, la UTFT está facultada para trasladar los casos a la PGR, con el objetivo de forzar el pago de sanciones por la vía judicial.

Actualmente, muchos de los involucrados recibirán una primera sanción de un salario mínimo, pero si persiste el incumplimiento, las multas podrían escalar hasta más de 100 salarios mínimos, dependiendo del cargo al que aspiraron.

#OnceNoticias🟡 | Multas y embargos: sanciones para quienes no declararon origen de fondos de campañas políticas.

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— Once Noticias (@11_Noticias) May 15, 2025

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El proceso marca la importancia en la vigilancia del financiamiento electoral en el país, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en temas clave del debate en la política en Honduras.