El Congreso Nacional aprobó la noche del martes 10 de febrero del 2026, en un solo debate y por unanimidad, la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales.

La aprobación en dispensa de debates se dio tras una jornada de socialización y consensos entre la junta directiva, jefes de bancada y la comisión de dictamen, en la que se incorporaron sugerencias de las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

Respaldo unánime y argumentos de urgencia

El decreto obtuvo respaldo unánime, bajo el argumento de la urgencia que representa el deterioro de las carreteras y el impacto directo en la seguridad vial, la economía y la movilidad de la población.

La nueva ley establece medidas excepcionales para ejecutar operativos de bacheo provisional, mantenimiento preventivo, señalización vial, dragado de ríos y cauces, reconstrucción de bordos, así como la construcción y ampliación de puentes en puntos estratégicos del país. Además, prioriza carreteras con alto flujo vehicular, rutas turísticas, corredores productivos y accesos a ciudades.

Postura del presidente del Congreso Nacional

Durante la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, subrayó que la decisión responde a una demanda constante de la ciudadanía en todos los departamentos del país y que la aprobación del decreto no tiene un trasfondo partidario, sino de interés público.

“Esta ley especial tiene como objetivo darle mantenimiento a la red vial pavimentada en los diferentes departamentos del país. Esto es el primer paso para mejorar la infraestructura del país; el mantenimiento y reparación de carreteras, y más adelante, cuando aprobemos el Presupuesto General, ya se tendrá la proyección de las carreteras nuevas que el país necesita en distintos municipios y sectores”, expresó Zambrano.

Destacó el trabajo de la comisión de dictamen y el proceso de consenso alcanzado, especialmente con la participación de la bancada del Partido Liberal, que solicitó espacio para revisar y aportar al proyecto antes de su votación final.

“Las bancadas han estado consensuando y haciendo sugerencias. Lo que se busca es tener en buen estado las carreteras, porque esa es una obligación de un gobierno y también de este Congreso. La principal queja de nuestra gente en todos los departamentos del país es el mal estado de las carreteras, y por eso es importante darle respaldo al Poder Ejecutivo para que atienda este problema de manera inmediata”, añadió.

Intervención del ministro de Infraestructura

Más temprano, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, expuso ante la comisión especial del Congreso el diagnóstico de la red vial nacional y los alcances técnicos del decreto aprobado, señalando que la situación actual representa un riesgo permanente para la vida de los hondureños.

“Día a día se pierden vidas en la vía pública. La red vial del país está en un estado realmente caótico. La falta de mantenimiento preventivo ha provocado accidentes constantes, mayores tiempos de viaje y elevados costos de operación para los usuarios”, afirmó Ehrler.

El funcionario detalló que la ley permitirá intervenir alrededor de 2,700 kilómetros de carreteras, priorizando corredores turísticos antes de la Semana Santa y tramos estratégicos de cara a la temporada de invierno, cuando las lluvias agravan el deterioro de la infraestructura.

“Esto es para mejorar la seguridad vial, incentivar el turismo en Semana Santa y prepararnos para el invierno. Los trabajos incluirán bacheo, limpieza de cunetas y drenajes, mantenimiento de derechos de vía, reparación de alcantarillas y acciones preventivas que reduzcan riesgos de inundaciones”, explicó.

Financiamiento y ejecución de las obras

Ehrler subrayó que otro de los objetivos del decreto es avanzar hacia la descentralización del mantenimiento vial, otorgando mayor capacidad operativa a las municipalidades para atender la red terciaria y los caminos productivos.

“Buscamos descentralizar el mantenimiento de la red terciaria del país para que los alcaldes tengan la capacidad de atender sus propias redes, con maquinaria adecuada y con reglas claras de uso, control y transparencia”, indicó.

En cuanto al financiamiento, el titular de la SIT precisó que la inversión estimada oscilará entre 750 y 800 millones de lempiras, los cuales serán cubiertos en su totalidad con fondos nacionales, descartando la contratación de deuda externa para la ejecución del proyecto.

El tiempo de ejecución de las obras se entenderán de seis meses a un año, además se aclaró que no se colocarán distintivos del gobierno a la maquinaria.

“No se está solicitando ningún financiamiento externo para este proyecto. Todo se hará con fondos nacionales, con precios estandarizados, contratos uniformes y supervisión permanente. Además, se habilitará un portal único de datos abiertos para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a la ejecución y ver cómo se invierten los recursos en tiempo real”, puntualizó.