La Asociación de Víctimas de Accidentes Viales (Apoyo Mutuo) urgió al Congreso Nacional a implementar reformas legales tras la tragedia en la carretera CA-4, donde un choque entre una rastra que transportaba químicos y un autobús dejó 10 fallecidos.

La organización criticó que las autoridades solo emitan mensajes de condolencia y no adopten medidas concretas para prevenir futuros siniestros.

Puntos críticos en las carreteras

Tania Uclés, representante de Apoyo Mutuo, aseguró que la reiteración de accidentes en los llamados “puntos negros” evidencia fallas en la regulación del transporte pesado y en la supervisión estatal.

La falta de certificación de conductores y el transporte de materiales peligrosos sin medidas de seguridad estrictas aumentan el riesgo en las vías nacionales.

“Para nosotros escuchar que los funcionarios se lamentan nos da molestia. Deben tomar acciones concretas”, señaló Uclés.

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Riesgos ambientales tras el accidente

El accidente ocurrió en la cuesta de Los Limones, en Quimistán, Santa Bárbara, y provocó el derrame de cianuro, un químico altamente tóxico que podría afectar los ecosistemas cercanos.

Apoyo Mutuo advirtió que la responsabilidad no solo recae en el conductor, sino también en las instituciones encargadas de fiscalizar la seguridad vial y el impacto ambiental.

Falta de controles y responsabilidad institucional

La asociación enfatizó que el Ministerio Público y las autoridades ambientales deben actuar de oficio ante irregularidades, como la ausencia de licencia adecuada del conductor de la rastra.

Además, las empresas contratistas que operan sin supervisión directa contribuyen a la ocurrencia de tragedias viales.

“Ellos son más responsables todavía y deben considerar toda esta situación. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público ahora que hay muertes y daños materiales?”, cuestionó Uclés.

Propuestas concretas al Congreso

Apoyo Mutuo propuso auditorías más estrictas a empresas de transporte y vigilancia permanente en carreteras con alta incidencia de accidentes, como la CA-4 y la CA-5.

Los diputados podrían endurecer sanciones y exigir certificaciones especiales para conductores de materiales peligrosos, una deuda pendiente que consideran urgente abordar.

La organización solicitó la creación de una mesa de trabajo técnica con la presidencia del Congreso Nacional, con el objetivo de discutir soluciones reales junto a las víctimas de la inseguridad vial.

Según Uclés, esta acción sería la única manera de honrar la memoria de los 10 fallecidos y evitar que otras familias hondureñas enfrenten tragedias similares.

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