Inicia recolección de firmas para impulsar juicio político contra autoridades en Honduras
En los bajos del Congreso Nacional, la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia presentó una denuncia formal para promover un juicio político en contra de varios funcionarios públicos.
La acción contó con una adhesión ciudadana abierta a toda la población, donde los participantes podían registrar su nombre completo, número de Documento Nacional de Identificación (DNI), firma y huella para respaldar el mecanismo legal destinado a destituir a servidores públicos que, según los denunciantes, vulneraron la Constitución y la ley.
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Diputado Kilvett Bertrand recibe la denuncia
El documento fue recibido por el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, quien estampó su rúbrica como muestra de apoyo al procedimiento. “Hoy recibimos, por parte de la plataforma Defensores de Honduras, la denuncia para iniciar juicio político con la debida individualización en cada caso 2026”, afirmó Bertrand.
Como presidente de la Comisión Ordinaria de Defensa y Soberanía, Bertrand agregó que “el juicio político es un clamor popular. Seguiremos firmes en el cumplimiento de nuestro deber, actuando con responsabilidad y de cara al pueblo hondureño”.
Recolección de firmas y respaldo ciudadano
A inicios de esta semana, delegados de la plataforma anunciaron la recolección de firmas en apoyo al juicio político. La iniciativa busca evidenciar el respaldo ciudadano frente a lo que consideran incumplimientos de altos funcionarios y un ejercicio irregular del poder.
Entre los funcionarios señalados para este procedimiento se encuentran: Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Johel Zelaya, fiscal general de la República; y Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Argumentos de los Defensores de Honduras
En un comunicado, los Defensores de Honduras denunciaron que “el Congreso Nacional ha sesionado de manera ordinaria por más de seis semanas sin cumplir con su mandato constitucional de impulsar y resolver el juicio político contra aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones vulneraron el ordenamiento jurídico, entorpecieron los procesos electorales y colaboraron, de forma directa o indirecta, con el intento fallido de la administración anterior de perpetuarse en el poder”.
La plataforma enfatizó que el juicio político constituye un instrumento legal y democrático para garantizar la responsabilidad de los funcionarios públicos y la defensa de los derechos de los ciudadanos, y llamó a la población a sumarse a la recolección de firmas como muestra de respaldo ciudadano.
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