“No podemos seguir premiando el amiguismo en el Estado”: Rashid Mejía presenta ley contra el nepotismo en Honduras
El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, presentó este martes 3 de febrero, ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley contra el Nepotismo en la Administración Pública, con el objetivo de sancionar la designación o influencia para contratar familiares o personas cercanas en instituciones del Estado.
“No podemos seguir premiando el amiguismo en el Estado; los cargos públicos deben asignarse por mérito y no por vínculos personales”, expresó Mejía al introducir la iniciativa, que busca fortalecer los mecanismos de transparencia y frenar la concentración de poder en la administración pública.
La propuesta refuerza la prohibición establecida en el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público (Decreto 36-2007), el cual impide a un funcionario nombrar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en la institución bajo su cargo, ya sea de forma remunerada o ad honorem, así como influir para su contratación en otras dependencias estatales.
Alcance de la iniciativa
El proyecto define el nepotismo como la acción de un funcionario o empleado público de nombrar, favorecer o influenciar la contratación de familiares o personas con quienes mantenga una relación cercana —incluso amistad íntima— sin cumplir los requisitos del cargo o sin respetar los procedimientos legales establecidos.
Además, incorpora conceptos como conflicto de interés, corrupción y concentración de poder, advirtiendo que estas prácticas pueden generar redes dentro de la administración pública donde los puestos se distribuyen entre familiares o aliados políticos, afectando la meritocracia y la transparencia institucional.
¿A quién aplicaría?
La normativa sería aplicable a todos los funcionarios y servidores públicos del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipalidades, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y otros entes con rango constitucional.
También abarcaría instituciones descentralizadas, empresas estatales y cualquier organismo público o privado que administre fondos del Estado.
[/fusion_text]Sanciones propuestas
El proyecto establece que los funcionarios que incurran en nepotismo podrían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos entre cuatro y ocho años, además de enfrentar una multa equivalente a 15 salarios mínimos.
Las sanciones también alcanzarían al pariente o allegado contratado, así como a los servidores responsables de realizar el nombramiento o contratación irregular.
Mecanismos de investigación
La iniciativa contempla un proceso en dos instancias. En una primera fase, las unidades de auditoría interna y recursos humanos de cada institución verificarán posibles vínculos de parentesco o afinidad en los nombramientos.
Posteriormente, los casos serían remitidos a un órgano conformado por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que se encargaría de aplicar las sanciones correspondientes.
De aprobarse, la normativa entraría en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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