La Constitución de la República establece que, en Honduras, todos los ciudadanos de 18 años o más tienen el derecho constitucional a votar. Sin embargo, existen circunstancias y condiciones jurídicas que pueden impedir a algunas personas ejercer el sufragio de manera temporal o permanente.

Es fundamental conocer las prohibiciones y normas electorales vigentes a pocos días de las elecciones generales, para evitar sanciones o quedar imposibilitado de participar en el proceso democrático.

Prohibiciones al realizar el voto

De acuerdo con la Ley Electoral, ningún ciudadano podrá ingresar al centro de votación si se encuentra:

• Bajo los efectos del alcohol
• Bajo la influencia de drogas
• Portando armas de cualquier tipo
• Usando colores, insignias o símbolos políticos dentro del centro electoral
• Acompañado, salvo en casos específicos como la asistencia a personas con discapacidad

El artículo 250 de la Ley Electoral garantiza que los centros de votación sean espacios imparciales, libres de propaganda o emblemas partidarios.

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Dato adicional: El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido la Ley Seca como medida de orden público. Esta prohibición inicia a las 6:00 a.m. del sábado 29 de noviembre y se extiende hasta las 6:00 p.m. del lunes 1 de diciembre.

Durante ese período está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, así como la realización de espectáculos públicos.

¿Quiénes NO están habilitados para votar?

En Honduras, existen grupos que legalmente no pueden ejercer el derecho al voto:

• Miembros en activo de las Fuerzas Armadas
• Integrantes de la Policía Nacional
• Miembros de otras entidades estatales de seguridad
• Personas que estén bajo condena judicial
• Ciudadanos que no posean su Documento Nacional de Identidad (DNI)
• Personas que no figuren en el Censo Nacional Electoral ni en los cuadernos de votación

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Excepciones

El artículo 37 de la Constitución establece que, aunque ciertos ciudadanos no tengan derecho al voto activo, pueden acceder a cargos públicos en determinadas circunstancias no prohibidas por la ley.

Esto aplica, por ejemplo, a quienes han sido rehabilitados tras una condena o a quienes cumplen funciones estatales específicas.

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