Un video con fuertes amenazas dirigido a transportistas de la colonia López Arellano, en Choloma, encendió las alarmas en la zona norte del país, generando temor entre conductores y usuarios del transporte público.

Sin embargo, investigaciones policiales revelan que el material no es reciente y habría sido difundido con el objetivo de sembrar pánico y presionar a las víctimas a ceder ante extorsiones.

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En la grabación, un individuo armado lanza advertencias violentas, asegurando pertenecer a una estructura criminal y advirtiendo sobre posibles ataques si no se cumplen ciertas exigencias económicas. El contenido se viralizó rápidamente entre trabajadores del rubro, provocando incertidumbre sobre la seguridad en las rutas de transporte.

Ante la preocupación, el director de comunicaciones de la Policía Nacional, comisionado Wilber Mayes Ríos, explicó que, según análisis de inteligencia, el video fue extraído y filtrado por un privado de libertad recluido en el centro penal de El Progreso. El sospechoso fue identificado como César Ramón Rodríguez Girón, alias “Piquito”, presunto integrante de la banda conocida como “La Rumba”.

De acuerdo con las autoridades, el individuo guarda prisión desde septiembre de 2025 por delitos relacionados con extorsión, portación ilegal de armas y tráfico de drogas. Las investigaciones apuntan a que el recluso habría difundido el video, grabado años atrás, con la intención de generar zozobra y fortalecer mecanismos de presión contra transportistas de la zona.

“La finalidad es infundir miedo para que las personas accedan a sus exigencias”, detalló el comisionado, quien aseguró que, mediante herramientas tecnológicas y labores de inteligencia, se logró rastrear el origen del material audiovisual.

El caso también vuelve a poner en discusión las fallas en los controles dentro de los centros penitenciarios. Según explicó Ríos, los reclusos recurren a diversas estrategias para acceder a dispositivos tecnológicos prohibidos y obtener conexión a internet, incluso mediante sistemas satelitales instalados en zonas cercanas a los recintos.

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Las autoridades confirmaron que ya se coordinó con el Ministerio Público (MP) la apertura de un nuevo proceso penal contra el implicado por el delito de extorsión. Asimismo, el privado de libertad fue aislado mientras avanzan las investigaciones.

El hecho evidencia cómo estructuras criminales continúan operando desde prisión, utilizando herramientas digitales para mantener esquemas de intimidación. Mientras tanto, la Policía Nacional asegura que reforzará las acciones de control e investigación para evitar que este tipo de mensajes sigan afectando la seguridad y tranquilidad de la población hondureña.