¿Qué está pasando en Honduras? Siguen enfrentamientos y acusaciones de fraude en medio del proceso electoral
El Ministerio Público dio a conocer nuevos audios que, según la institución, revelarían presuntas irregularidades en el proceso electoral. En las grabaciones se escuchan referencias a la manipulación de actas y al cierre de mesas de conteo.
Ante ello, el fiscal general Joel Zelaya defendió la autenticidad de los audios y aseguró que “no le temblará la mano para actuar contra los casos de corrupción”. Además, reiteró que no teme a un eventual juicio político y que respaldará a la unidad de delitos electorales.
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Congreso Nacional señala anomalías
Desde el Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo manifestó que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López habrían eliminado el uso obligatorio del sistema biométrico en las Juntas Receptoras de Votos.
Según el legislador, esta decisión contaminó las actas y afectó el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), Redondo subrayó que corresponde al Consejo Nacional Electoral emitir una resolución sobre las anomalías antes del 30 de diciembre, de lo contrario el tema pasará al Congreso.
Consejeras defienden el proceso
La consejera Ana Paola Hall rechazó las acusaciones y afirmó que se interpondrá en el camino de quienes pretendan frenar la declaratoria de las elecciones generales.
“Defenderé el proceso electoral”, expresó, al tiempo que cuestionó la competencia de la Comisión Permanente para pronunciarse sobre el caso.
Por su parte, la consejera Cossette López indicó que espera reunirse con el G16 para informar que, pese a las dificultades, cumplieron con su deber. “Mi compromiso está más firme que nunca y mi amparo es el apego a la ley”, aseguró.
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Denuncias en el Partido Liberal
El ambiente postelectoral también se refleja en el Partido Liberal, la candidata a diputada Luz Ernestina Mejía denunció que le estarían robando votos para favorecer a su correligionaria Milagro González, quien negó la acusación.
Mientras tanto, expertos advierten que el proceso podría extenderse debido a la impugnación de más de 19 mil actas presidenciales, una medida sin precedentes en el país.
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