La publicación del decreto que quita a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, sus poderes administrativos fue dada a conocer en el diario La Gaceta este viernes.

La publicación modifica el tercer artículo del decreto legislativo 282-2010, que determina la autoridad para elegir, designar, promover, trasladar y permutar a jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y empleados administrativos del Poder Judicial.

El pleno de la CSJ tiene que aprobar un procedimiento para las facultades disciplinarias y los despidos, el cual debe ser conocido por un mínimo de tres magistrados propietarios. Esto asegura que se mantenga el derecho a la defensa y el debido proceso.

¿Cómo será el nuevo procedimiento

La Presidencia de la CSJ llevará a cabo las facultades administrativas después de que el pleno apruebe el Plan Operativo Anual (POA) y presente informes trimestrales.

Para que las decisiones sean válidas, se requiere que consigan el voto positivo o afirmativo de, al menos, la mitad más uno de los 15 magistrados. Estas deben ser ejecutadas o llevadas a cabo por quien corresponda en un plazo máximo de 10 días.

La publicación en el decreto indica que la modificación no significa una reforma constitucional, sino que se refiere a una disposición transitoria de rango legal, que tiene naturaleza de accesoria, instrumental y subordinado al orden constitucional.

Aprobación del Consejo de la Judicatura

El pasado martes (17/2/26), el Congreso Nacional aprobó un decreto que restringe las facultades administrativas de Obando, para realizar nombramientos, traslados y cancelaciones de personal en ese poder del Estado.

Durante el debate, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, defendió la reforma señalando que los nombramientos anteriores se hacían a discreción y sin concursos legales. Por su parte, el diputado de Libre, Fabricio Sandoval, calificó la medida como un “golpe de Estado” a la CSJ y propuso suspender la discusión, moción que no fue considerada.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, explicó que el decreto 05-2011 originalmente asignaba las facultades administrativas al Consejo de la Judicatura, pero su inconstitucionalidad temporal dejó esas funciones a la presidencia de la CSJ. La reforma busca restablecer la norma mientras se trabaja en la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.