El juzgado de privación de dominio declaró la medida de privación definitiva de los bienes del exministro de la presidencia, Ebal Díaz, quien ocupó el cargo durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Las cuentas bancarias confiscadas ascienden a 7,045,098.24 lempiras, cantidad que la defensa no pudo demostrar como de origen legal.

Según el Ministerio Público y el juez a cargo del caso, el equipo técnico de Díaz no logró demostrar la procedencia de los fondos que el exfuncionario.

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El Poder Judicial comunicó que las partes implicadas en el proceso cuentan con un plazo de tres días hábiles para presentar una apelación a la resolución.

Además de Ebal Díaz, el Ministerio Público solicitó la privación definitiva de dominio de bienes a la exsecretaria de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández; al exdiputado Juan Antonio Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

El exsecretario de Ambiente, José Antonio Galdámez; al exsecretario privado, Ricardo Cardona; y a la excoordinadora de tarjeta del Partido Nacional, Claudia Noriega, así como a su padre, Norman Noriega, entre otros.

Por otro lado, el exministro, quien se estableció en Nicaragua en 2022 y obtuvo la nacionalidad de ese país, aún no ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto y se mantiene prófugo de la justicia hondureña.

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¿De qué se le acusa?

El 30 de julio de 2024, el Ministerio Público acusó a Ebal Díaz y a 12 personas más por los delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y asociación para delinquir en el proyecto habitacional residencial Morazán.

Este proyecto tenía como objetivo construir casas para 10 mil familias, pero la fiscalía estima que el fraude supera los 294 millones de lempiras.