“Se les acabó la piñata” a los favorecidos por la presidenta de la CSJ, dice la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados
Tras la decisión del Congreso Nacional de Honduras de retirar facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, surgieron fuertes reacciones desde distintos sectores del Poder Judicial.
La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, aseguró que con esta decisión “se les acabó la piñata” a quienes, según afirmó, venían siendo favorecidos con ascensos y aumentos al margen de las disposiciones presupuestarias.
Señalamientos de ascensos y aumentos
Cardona sostuvo que asociaciones distintas a la Asociación de Jueces y Magistrados eran las beneficiadas con decisiones tomadas por la magistrada presidenta.
Detalló que el anterior presidente de la Asociación de Empleados fue favorecido en dos ocasiones con ascensos: primero fue nombrado juez de paz y posteriormente juez de letras.
Asimismo, indicó que la actual presidenta de la Asociación de Empleados también resultó beneficiada, ya que su esposo fue ascendido recientemente a receptor.
En el caso de López Lónez —según mencionó— también habría sido favorecido con ascensos “realizados de manera democrática”, además de recibir dos aumentos salariales que, aseguró, no estarían permitidos por las disposiciones presupuestarias vigentes.
“Entonces a ellos se les acabó la piñata de la cual salían favorecidas con estas decisiones arbitrarias que tomaba la máxima autoridad del Poder Judicial”, manifestó Cardona.
Llamado a la unidad
Por su parte, Rebeca Ráquel Obando, ahora sin esas atribuciones administrativas, hizo un llamado a la armonía institucional entre los poderes del Estado.
“Busquemos más bien la unidad entre poderes, que seamos complementarios y siempre respetando la independencia entre poderes”, expresó la titular del Poder Judicial.
Postura de constitucionalistas
Para algunos constitucionalistas, la actuación del Congreso Nacional fue correcta. Señalan que los supuestos abusos que se venían cometiendo eran incontrolables y que los nombramientos realizados al margen de la ley ahora podrán ser revisados por el Pleno de magistrados y mediante la reactivación del Consejo de la Judicatura.
“Repartir la responsabilidad de lo que hacía el magistrado es totalmente correcto y esta es una medida transitoria mientras se aprueba la nueva ley del Consejo de la Judicatura”, consideran expertos en la materia.
Añaden que, previo a la decisión legislativa, la funcionalidad del Poder Judicial había perdido el rumbo.
Ahora se espera que el Congreso agilice la aprobación de una nueva ley del Consejo de la Judicatura y nombre de inmediato a sus integrantes, quienes —según especialistas— deberían ser apolíticos y permanentes en sus cargos, para evitar que se repitan las acciones cuestionadas en la actual administración.
La propuesta apunta a crear un Consejo de la Judicatura integrado por profesionales comprometidos con la democracia y el desarrollo del país, con estabilidad en sus funciones.
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