La investigación de varios casos en los que estarían implicados agentes de cuerpos de seguridad del Estado ha generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos y sectores sociales, luego de que el Ministerio Público (MP) formalizara acusaciones relacionadas con muertes ocurridas en distintas zonas del país.

En San Pedro Sula, durante una audiencia preliminar celebrada en el Juzgado de Criminalidad Organizada, el MP presentó cargos contra ocho militares por su presunta participación en la muerte de Ricardo Alberto Umaña. A los uniformados se les imputan delitos de homicidio, encubrimiento y omisión del deber de perseguir el delito.

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De acuerdo con el expediente fiscal, los hechos ocurrieron en 2024, cuando los militares se encontraban en un retén ubicado en la aldea Monterrey, en la zona de los bajos de Choloma, departamento de Cortés. En ese contexto, el vehículo en el que se transportaba Umaña junto a un familiar fue requerido por los agentes. La investigación señala que, tras una supuesta negativa a obedecer las órdenes, se produjo un disparo que terminó con la vida del ciudadano.

El portavoz Elvis Guzmán explicó que el procedimiento judicial continúa su curso y que los implicados deberán responder por su actuación durante el operativo, el cual ahora está bajo revisión de las autoridades competentes.

Por otra parte, en el litoral atlántico, específicamente en La Ceiba, departamento de Atlántida, también se han reportado acciones judiciales vinculadas a la muerte de otro ciudadano. En este caso, inicialmente se señaló a varios agentes policiales por la detención y posterior fallecimiento de Angelo Uriel García Murillo.

Sin embargo, el proceso judicial avanzó únicamente contra uno de los uniformados, a quien un tribunal dictó detención judicial mientras se profundizan las investigaciones del hecho. El vocero Selvin Fernández indicó que se ha presentado el requerimiento fiscal correspondiente por la presunta responsabilidad en el caso.

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Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se expresó preocupación por la repetición de este tipo de hechos a lo largo del tiempo, pese a los procesos de depuración anunciados dentro de las instituciones de seguridad del Estado.

La directora de la organización, Berta Oliva, señaló que estos casos evidencian patrones que, a su criterio, se mantienen sin cambios estructurales, lo que genera alarma en la población y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos en operativos policiales y militares.