La reciente aprobación por parte del Congreso Nacional (CN) de un préstamo millonario con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha suscitado inquietudes entre diversos sectores sobre un posible uso político y la manipulación de estos recursos.

Aunque el financiamiento aún no ha sido ratificado formalmente debido al cierre del acta, se ha señalado que todo se enmarca dentro de un contexto de reforma.

Opositores al gobierno han denunciado que el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) estaría buscando asegurar una fuente de fondos que podría fortalecer su estructura electoral de cara a las elecciones de 2025. «No es legal que Honduras esté adherido a la CAF», manifestó Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional.

Fines electorales

Los opositores sostienen que el oficialismo intenta promover una iniciativa que, aunque es positiva, podría ser utilizada para fines electorales. «Están buscando algo que todos los diputados queremos aprobar en la misma sesión, y cuando llegue el momento de discutir el acta, se nos obligue a ratificarla en su totalidad», advirtió Márquez.

Además, enfatizan que el país no puede seguir endeudándose, especialmente en un periodo electoral, cuando la inversión del gobierno es baja y la ejecución del presupuesto también lo es.

Por su parte, el congresista del Partido Liberal, Marlon Lara, advierte que el país «no se puede seguir endeudando en un proceso electoral con la esperanza de ganar votos regalando dinero, algo que no ha funcionado antes».

Oficialismo reafirma su postura

Por otro lado, desde la directiva del CN se ha defendido la legalidad del uso de estos fondos. Aseguran que los recursos no se destinarán a fines no previstos legalmente en conjunto con la CAF, argumentando que esta organización es seria y no se arriesgaría a gestionar préstamos en caso de ilegalidad.

«La Corporación Andina de Fomento no prestará apoyo a acciones ilegales en ninguno de los países miembros», afirmó Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional.

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Mientras que el diputado de Libre, Juan Ramos Flores, sostiene que el préstamo, que asciende a 200 millones de dólares, está destinado a beneficiar a 120,000 productores y tiene como objetivo la reactivación del rubro del café a nivel nacional.

Sin embargo, los opositores insisten en que el Congreso tiene la responsabilidad de evitar que los fondos provenientes de organismos multilaterales sean utilizados para fines partidarios. De no actuar con firmeza, advierten, podrían convertirse en cómplices de una corrupción cada vez más estructurada.

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