Profesionales del derecho consideran que el Ministerio Público debe ampliar los requerimientos fiscales en el caso de presunta corrupción conocido como “Chequesol”, incluyendo a las personas que recibieron fondos públicos y los utilizaron de forma irregular.

El proceso judicial involucra a la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) y al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (antes Sedesol), José Carlos Cardona, además de al menos diez personas más.

Posibles penas por fraude agravado

De acuerdo con expertos en derecho penal, si los acusados son encontrados culpables, podrían enfrentar penas de entre dos y siete años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y del monto de los fondos defraudados.

Los especialistas citan el artículo 364 del Código Penal, que establece que la pena por fraude puede agravarse en un tercio cuando el valor de lo defraudado supera los cinco mil lempiras, cuando existen múltiples delitos o cuando los hechos son cometidos por funcionarios públicos o particulares, naturales o jurídicos.

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Continuidad delictiva y concurso de delitos

Los juristas explican que el Código Penal también contempla la figura de la continuidad delictiva, que aplica cuando el mismo delito se comete en varias ocasiones de forma reiterada, ya sea contra una misma víctima o contra diferentes afectados.

En ese sentido, señalaron que el juez deberá determinar si los presuntos fraudes serán juzgados como concurso ideal, lo que implicaría un aumento de un tercio de la pena, o como concurso real, donde cada delito se sanciona de manera individual, lo que podría elevar significativamente las condenas.

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Monto defraudado y duración del ilícito

Otros profesionales del derecho consideran que, al momento de dictar una eventual sentencia, el juez debe valorar el monto total de los fondos públicos utilizados de forma irregular, así como el tiempo durante el cual se habría cometido el ilícito, factores que influyen directamente en la severidad de la pena.

Responsabilidad de beneficiarios de fondos públicos

Además de los funcionarios señalados, juristas subrayan que debe deducirse responsabilidad penal a las personas que recibieron los fondos estatales y les dieron un uso indebido, al considerar que no solo existe responsabilidad administrativa, sino también penal, si se demuestra que hubo conocimiento y participación en el fraude.

El caso “Cheques Sol” continúa bajo análisis del Ministerio Público y se perfila como uno de los procesos más complejos en materia de corrupción y uso irregular de fondos públicos en el país.

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