El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que existe voluntad en el Legislativo para derogar en los próximos días el denominado “pacto de impunidad”, así como revisar otros decretos que, a su criterio, no cumplieron con las condiciones legales para su aprobación.

Según explicó, entre las normativas bajo análisis figura un decreto aprobado por la Comisión Permanente que —según señaló— debe ser derogado, además de otros relacionados con decisiones administrativas y financieras que serán sometidas a revisión.

Juicio político: se requieren 86 votos

En relación con las iniciativas que han surgido sobre un posible juicio político contra altos funcionarios, Zambrano aclaró que, hasta el momento, no ha ingresado formalmente ninguna solicitud que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

El titular del Legislativo enfatizó que para admitir un juicio político se requieren 86 votos en el pleno del Congreso Nacional. Asimismo, explicó que no someterá a discusión una iniciativa de este tipo si no existe la certeza de contar con el respaldo necesario, ya que, de ser rechazada, no podría volver a discutirse en la misma legislatura, conforme lo establece la Constitución y la Ley del Congreso.

Procedimiento y advertencia

Zambrano detalló que, una vez admitido un juicio político, el funcionario señalado sería suspendido del cargo y se nombraría una comisión especial que investigue el caso. Posteriormente, el informe sería sometido a votación del pleno, que determinaría si procede la destitución definitiva y si el expediente debe remitirse al Ministerio Público.

El presidente del Congreso subrayó que este mecanismo no debe responder a motivaciones políticas ni a revanchismos, sino a procedimientos apegados a la ley. Además, afirmó que el Legislativo respaldará a los operadores de justicia en el cumplimiento de sus funciones, pero también ejercerá su papel fiscalizador sobre los altos funcionarios electos por ese poder del Estado.

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