Una multa de más de 1.8 millones de dólares impuesta a una hondureña en Florida por no acatar una orden de deportación podría convertirse en un precedente más común en la aplicación de sanciones civiles contra migrantes indocumentados en Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia EFE, la mujer, madre de tres hijos estadounidenses y residente en Estados Unidos desde hace más de 30 años, recibió el 9 de mayo una notificación formal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con una multa exacta de 1,821,350 dólares.

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El monto responde al supuesto incumplimiento de una orden de deportación emitida en su contra en abril de 2005, que nunca fue ejecutada.

Aunque las multas civiles están previstas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, su uso ha sido esporádico y, por lo general, con montos mucho menores. Durante la administración de Donald Trump, ICE reactivó esta herramienta con sanciones que llegaban hasta el medio millón de dólares. El caso más conocido fue el de Edith Espinal, una mexicana multada con casi 500 mil dólares por refugiarse en una iglesia para evitar su deportación. Tras una batalla legal, la sanción fue retirada.

La hondureña, actualmente representada por la abogada Michelle Sánchez, reabrió su caso en 2023 bajo la Ley de los 10 Años, que permite la cancelación de deportaciones si el inmigrante ha residido una década en el país, posee buen carácter moral y su expulsión causaría dificultades extremas a un familiar ciudadano estadounidense. ICE retomó entonces su expediente.

Sánchez asegura que su clienta cumple con todos los requisitos de la ley y considera la multa desproporcionada. Expertos legales consultados por medios estadounidenses advierten que este caso podría marcar un antes y un después si se convierte en práctica común, abriendo la puerta a sanciones simbólicas, impagables.

«Ni trabajando un vida», dice la hondureña con multa millonaria en Estados Unidos

Visiblemente afectada, la hondureña no logra asimilar la cifra. En declaraciones a Noticias Telemundo, confiesa: “Es una suma muy, muy grande, que ni trabajando toda una vida podríamos pagar ese dinero”.

“No le he hecho daño a nadie. Quiero seguir, que me den la oportunidad de seguir hacia adelante, ver a mis hijos triunfar, ver a mis hijos vencer, porque son muy buenos muchachos”, expresó la connacional.

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La mujer recuerda que cruzó la frontera en 2005 huyendo del crimen organizado en su país de origen y asegura que regresar sería firmar su sentencia: “Mi familia correría peligro, iría solo a morir”.

Pese a que ICE basa la infracción en la sección 274D—500 dólares diarios de incumplimiento—, la migrante insiste en que jamás recibió la orden original de deportación.

Con décadas de práctica, la abogada Sánchez subraya la excepcionalidad del caso: “Los 29 años que yo he sido abogada, yo nunca he visto ICE imponer estas penalidades”. La letrada ya presentó una apelación, argumentando que la agencia falló al no informar oportunamente a su clienta: “Ella nunca supo que esto podía sucederle a ella y como tal esta multa no es legal por el fallo de parte de ICE de informarle de las consecuencias”.