El Ministerio Público de Honduras confirmó este 18 de mayo el envío de citaciones contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, incluyendo al expresidente legislativo Luis Redondo, como parte de una investigación por presuntos abusos de autoridad y otras actuaciones irregulares.

Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que analiza decisiones tomadas durante el funcionamiento de la polémica Comisión Permanente instalada en la pasada legislatura.

Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, los exdiputados deberán comparecer ante fiscales a partir del próximo miércoles, mientras los actuales congresistas involucrados podrán acogerse al procedimiento especial contemplado por ley.

Diputados nacionalistas respaldan investigación

La diputada nacionalista Lissi Cano defendió la apertura del expediente y aseguró que la Comisión Permanente actuó fuera de las facultades establecidas por la Constitución.

Según Cano, el pleno del Congreso había ampliado el período de sesiones, por lo que, a su criterio, la Comisión Permanente no debía continuar ejerciendo funciones.

Además, recordó decisiones polémicas tomadas durante ese período, entre ellas la juramentación transitoria del fiscal general y actuaciones relacionadas con el proceso electoral.

La congresista rechazó que las acciones del Ministerio Público representen persecución política y sostuvo que “el pueblo hondureño fue testigo de los abusos y arbitrariedades” cometidas en aquel momento.

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Otros sectores defienden legalidad de la Comisión Permanente

Por otro lado, el abogado y exdiputado Ramón Barrios consideró que la investigación está dentro de las facultades del Ministerio Público, aunque afirmó que las actuaciones de la Comisión Permanente se realizaron conforme a las atribuciones que permitía la ley en ese momento.

Barrios aseguró que el caso probablemente no pasará de la etapa investigativa y cuestionó que no se reabran otros expedientes relacionados con temas como las ZEDE, la destitución de magistrados y la reelección presidencial.

Asimismo, calificó la denuncia como una acción con “tintes de persecución política”.

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Tomás Zambrano asegura es una investigación objetiva

Mientras tanto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que todos los funcionarios públicos deben someterse a procesos de investigación cuando existan señalamientos.

Zambrano sostuvo que las actuaciones de la Comisión Permanente fueron ampliamente cuestionadas y señaló que, desde su perspectiva, hubo violaciones a las funciones del pleno legislativo y abusos en el ejercicio de atribuciones.

“Todo mundo dijo que no actuaron al margen de la ley y usurpando funciones del pleno”, expresó.

No obstante, también pidió al Ministerio Público actuar de manera imparcial y afirmó que no existe persecución por razones políticas.

El titular del Legislativo afirmó que las personas citadas tienen derecho a presentar pruebas de descargo y defenderse dentro del debido proceso.

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Caso vuelve a generar tensión política

La apertura de esta investigación vuelve a colocar en debate uno de los episodios más polémicos del Congreso Nacional durante la crisis política relacionada con la elección del fiscal general y el funcionamiento de la Comisión Permanente.

Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene abierta la etapa preliminar del proceso investigativo para determinar si existieron responsabilidades penales.

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