El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Sayupa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.

Según el requerimiento, ambos magistrados emitieron resoluciones sin la participación del tercer miembro del pleno, lo que, de acuerdo con la ley, invalida las decisiones tomadas. El Ministerio Público sostiene que los funcionarios ordenaron de manera irregular al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir a dos ciudadanos como candidatos a diputados.

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Resoluciones emitidas sin el pleno legalmente conformado

El 27 de octubre, los magistrados resolvieron una recusación planteada por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos. Sin embargo, lo hicieron sin convocar al tercer magistrado propietario ni a un suplente, contraviniendo lo que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, que exige la presencia de tres miembros para sesionar válidamente.

A pesar de esa irregularidad, ambos magistrados declararon con lugar la recusación y resolvieron los recursos relacionados con la inscripción de candidaturas, pasando por alto el procedimiento legal.

Ministerio Público pide declarar “ha lugar” el antejuicio

Un día después, el 28 de octubre, los mismos magistrados dictaron sentencia definitiva ordenando al CNE la inscripción inmediata de los ciudadanos como candidatos. El MP considera que esta actuación se realizó al margen de la ley y sin el pleno legalmente integrado.

Por estas razones, la institución solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar “ha lugar” el antejuicio, para que los magistrados respondan ante el juez natural competente.

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