Un nuevo escándalo de corrupción sacude al sistema de salud público hondureño tras trascender la existencia de requerimientos fiscales contra más de 40 personas, entre ellas exdirectores de hospitales, personal administrativo y una actual diputada del Congreso Nacional.

Según trascendidos, el caso —actualmente bajo investigación por el Ministerio Público— involucra un perjuicio económico que supera los 77 millones de lempiras, derivado de presuntas irregularidades en la administración de recursos en centros asistenciales.

Corrupción con consecuencias en la salud pública

El caso ha generado preocupación entre la ciudadanía, particularmente por la forma en que estas prácticas afectan directamente el acceso a medicamentos, insumos y servicios médicos esenciales. “Se juega con la vida de la gente. Estos actos no solo son ilegales, son inhumanos”, lamentó un activista del sector salud.

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Históricamente, el sector sanitario ha sido uno de los más golpeados por la corrupción, como lo evidencian casos pasados de sobrevaloración de insumos, compras fraudulentas y redes de enriquecimiento ilícito.

Piden sanciones ejemplares

Expertos legales aseguran que si se comprueba la participación de los señalados, las penas podrían oscilar entre varios años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Abogados penalistas insisten en que estos casos deben tratarse con rigor y sin impunidad para recuperar la confianza en las instituciones.

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Ministerio Público aún no da nombres

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un comunicado oficial que detalle las identidades de los implicados ni los centros hospitalarios involucrados.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas se presenten formalmente los requerimientos fiscales y se ofrezcan declaraciones públicas sobre el avance de las investigaciones.